Este viernes 3 de mayo, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró con lugar la ley que permite a la presidenta Dina Boluarte gobernar de manera virtual desde el extranjero.
El Tribunal Constitucional indicó en la sentencia que esa ley logró habilitar la posibilidad de poder ejercer su cargo de manera remota mientras se encuentre en el extranjero, siempre y cuando el país no cuente con vicepresidentes, como es el caso.
En junio de 2023, el congreso peruano aprobó una ley que permite a Boluarte gobernar de forma remota cuando sale del país, ya que hasta ese momento no podía viajar al exterior porque el Gobierno carece de vicepresidentes.
Esa situación se produjo desde que Dina Boluarte, que era vicepresidenta elegida en las elecciones de 2021, asumió la Presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras el autogolpe de Estado fallido por parte del exmandatario Pedro Castillo, hasta que se aprobó esa ley.
La sentencia del Tribunal Constitucional agregó que en los últimos años se han diseñado plataformas telemáticas específicamente para la interacción remota de los participantes y -hasta el momento- la legislación peruana no contemplaba la posibilidad de que no haya vicepresidente durante un determinado mandato presidencial al que se le pueda encargar el despacho.
Ante eso concluyó que el jefe de Estado puede viajar y mantener a su cargo la gestión remota del despacho y que esto "no resulta contraria a la Constitución” y el recurrir a tecnologías digitales, garantizando la seguridad informática para hacer labores telemáticas, "tampoco puede ser considerado contrario a la norma fundamental".
"No puede considerarse inconstitucional la exigencia de que el Poder Ejecutivo sustente la urgencia y necesidad de la gestión remota del despacho en dicho supuesto”, añade el Tribunal Constitucional.
Parte del Congreso peruano contra Dina Boluarte
El pasado 15 de diciembre de 2023, un grupo de 27 congresistas peruanos de izquierda presentó una moción de destitución contra Dina Boluarte, a la que acusan de "abandonar el cargo" cuando sale del país en viajes oficiales.
La petición, que de momento contiene la firma de 27 diputados de los 130 que integran el Congreso, afirmó que la presidenta violó la Constitución Política por gobernar de manera remota desde el extranjero sin tener un vicepresidente en funciones e infringió los artículos 51, 102, 113 y 115 de la carta magna.
Últimamente la mandataria se ha visto envuelta en polémicas, siendo una de ellas, el "Rolexgate", en el que habría evadido declarar relojes de lujo como parte de su patrimonio, asegurando que eran prestados.