El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó con fuerte rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley permitiría expulsar del país norteamericano a cualquier venezolano mayor de 14 años que esté vinculado con el clan del Tren de Aragua.

Según el gobierno venezolano, esta medida "criminaliza, de forma infame e injusta" a los migrantes venezolanos, quienes según ellos, ya son víctimas de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales.

En un comunicado, Venezuela calificó la ley como "anacrónica y violatoria de los derechos humanos e ilegal", subrayando que la medida evoca a "los momentos más oscuros de la historia". Junto con esto, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, "están siendo sometidos a persecución".

La ley busca acelerar la deportación de los miembros del Tren de Aragua que se encuentren en territorio estadounidense, siempre que no sean residentes legales o ciudadanos naturalizados. Según la normativa, todos los venezolanos mayores de 14 años que estén vinculados a esta banda serían considerados "enemigos extranjeros", lo que permitiría su detención y expulsión.

En esa línea, el gobierno venezolano aseguró que estaban "profundamente indginados" ante la amenaza de deportar a menores de 14 años. "Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas".

Además de esti, defendieron a los venezolanos migrantes, argumentando que abandonaron su país en busca de mejores condiciones de vida, debido a la situación económica generada por las "consecuencia de las penurias creadas por el bloqueo criminal".

También acusaron a ciertos líderes de la oposición de haber promovido estas sanciones y de haber facilitado el tráfico de migrantes a través de "redes criminales".

Cabe recordar que la Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aproximadamente 120,000 personas de origen japonés fueron detenidas en EE. UU.

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