Un plazo de 300 días para el desarrollo de la investigación fue fijado este sábado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso denominado “Operación Apocalipsis”, causa que indaga una presunta red de corrupción al interior del sistema penitenciario y que involucra a un total de 70 imputados.
La resolución se adoptó durante la segunda jornada de formalización, instancia en la que el Ministerio Público entregó nuevos antecedentes sobre el funcionamiento de la organización, integrada por 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles.
Según lo expuesto, la red habría operado vulnerando los protocolos de seguridad en distintos recintos penales, entre ellos Santiago 1 y San Joaquín, permitiendo el ingreso de elementos prohibidos y la realización de visitas irregulares a personas privadas de libertad.
En el transcurso de la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para seis imputados, todos funcionarios de Gendarmería, quienes además deberán cumplir con monitoreo telemático.
Asimismo, se ordenó la prisión preventiva para otros dos imputados, cautelar que fue solicitada por la Fiscalía y respecto de la cual la defensa no presentó oposición, considerando que se cumplían los requisitos legales, particularmente el peligro para la seguridad de la sociedad.
De acuerdo con lo sostenido por el fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, la estructura investigada habría logrado movilizar más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, a través de transferencias bancarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los recursos. Estos hechos configurarían delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos.
En cuanto a los imputados civiles, el Ministerio Público informó que el delito de cohecho fue recalificado como soborno, atendiendo a su rol dentro de la presunta red.
