El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el sábado el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, mientras una jueza bloqueó temporalmente el envío de militares a Portland, otra ciudad gobernada por demócratas.
Chicago y Portland, la principal ciudad del estado de Oregon, son los más recientes puntos críticos en la agresiva campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, que ya desplegó militares en otras ciudades como Los Ángeles y Washington.
"El presidente Trump autorizó 300 Guardias Nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales" en Chicago, dijo este sábado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.
El mandatario "no hará la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses", agregó.
Trump sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.
No obstante, su estrategia es rechazada por las autoridades locales de estas ciudades gobernadas por demócratas, que acudieron a la justicia para evitar la llegada de tropas.
Polémica por envío de soldados a diferentes partes del país
El senador demócrata por Illinois Dick Durbin calificó la medida de "capítulo vergonzoso en la historia de nuestra nación", y agregó que el "presidente no tiene la intención de luchar contra el crimen. Tiene la intención de difundir el miedo".
Este sábado, la jueza federal Karin Immergut bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, noroeste de Estados Unidos, paralizando temporalmente una orden del presidente Trump de finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.
Trump ha dicho en varias ocasiones que Portland está "devastada por la guerra" y plagada de crímenes violentos.
Pero el sábado, la jueza escribió en su dictamen que "la determinación del Presidente simplemente no estaba relacionada con los hechos".
"La parte acusadora presentó pruebas de violencia esporádica contra oficiales federales y daños a la propiedad de un edificio federal", escribió Immergut, pero no demostró "que esos episodios de violencia fueran parte de un intento organizado de derrocar al gobierno".
La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un "peligro de rebelión" y que el "cuerpo de seguridad regular" puede manejar tales incidentes.
El consejero presidencial Stephen Miller escribió en las redes sociales que la orden de la jueza era una "insurrección legal" y acusó a líderes locales en Oregón de llevar a cabo un "ataque terrorista" contra el gobierno federal.
