La captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero por parte de fuerzas especiales estadounidenses ha marcado un punto de inflexión en la historia política reciente de Venezuela. El mismo día de la extracción se estableció un Gobierno provisional con Delcy Rodríguez al frente. Desde entonces, se han venido produciendo cambios en la política económica y exterior venezolana que han alterado de manera sustantiva el equilibrio de poder.
La pregunta central, sin embargo, sigue abierta: ¿estamos ante el inicio de una transición democrática o frente a una reconfiguración tutelada del poder autoritario?
Responder a esta cuestión exige ir más allá del impacto del evento y analizar el proceso desde la teoría de las transiciones políticas, distinguiendo con claridad entre mecanismos de cambio y condiciones para que exista una transición.
¿Qué ha cambiado en Venezuela desde enero?
A diferencia de otros momentos de la crisis venezolana, desde enero se observan cambios estructurales verificables y no solo gestos políticos o retóricos.
Estos cambios no implican aún una transición democrática, pero sí configuran un cambio de gobierno acompañado del inicio de una alteración del régimen, condición necesaria –aunque no suficiente– para hablar de transición.
Mecanismos y condiciones de transición no son lo mismo
Una confusión frecuente consiste en equiparar los mecanismos mediante los cuales ocurre una transición con las condiciones que permiten afirmar que realmente está en marcha.
Dichos mecanismos incluyen ruptura, reforma, colapso o negociación (voluntaria o bajo coerción). En cambio, las condiciones mínimas para que pueda ocurrir una transición son dos:
-
Cambio efectivo de gobierno.
-
Apertura de un proceso de cambio de régimen.
Venezuela hoy no cumple con estas condiciones, aunque se intentan construir mediante un mecanismo atípico: una negociación bajo coerción externa creíble. La extracción de Maduro modificó de forma radical los cálculos de supervivencia de la élite gobernante. A diferencia de intentos previos, la amenaza ya no es retórica y por ello la negociación, aunque no voluntaria sino bajo coerción, es hoy políticamente creíble.
Leer más: ¿Es posible una transición democrática negociada en Venezuela?
La historia explica la cautela de Washington
La forma en que se intenta conducir el proceso venezolano no encaja plenamente en los modelos clásicos. No se trata de una ocupación ni de una transición puramente endógena: existe, más bien, una intervención selectiva acompañada de la preservación temporal del aparato estatal. La expectativa es que este facilite el desmontaje del sistema que le permitió mantenerse en el poder, para seguir con una transición ordenada que no precise el cumplimiento de las amenazas del gobierno estadounidense de realizar más incursiones en territorio venezolano para garantizar la estabilidad del país.
La experiencia comparada muestra que tanto el desmantelamiento completo del aparato estatal (Irak, Afganistán) como su preservación sin reformas profundas (Libia, Camboya) han generado resultados altamente inestables.
El caso venezolano intenta transitar un camino intermedio, con una intervención selectiva orientada a modificar incentivos, sin provocar un colapso institucional inmediato.
El más reciente movimiento diplomático ha sido la llegada a Venezuela, el 31 de enero, de Laura F. Dogu, la nueva enviada principal de Estados Unidos al país. A finales de enero de 2019, Maduro anunció el cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas, incluidos todos los servicios consulares, lo que el Departamento de Estado calificó calificó como una “suspensión temporal de operaciones”. No hay fecha de apertura de la embajada pero parece que poco a poco comienzan a normalizarse las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Estados Unidos y la ventana de oportunidad
Las declaraciones de Marco Rubio ante el Congreso de EE. UU. delinean un proceso en tres etapas, explícitamente orientado a una transición democrática, aunque secuencial y condicionada. Esto sugiere que actores clave en Washington sí contemplan una salida democrática en el corto plazo y no solo una estabilización indefinida.
Sin embargo, existe un riesgo real: la ventana de oportunidad es limitada. El calendario político estadounidense –en particular los resultados de las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre si resultan desfavorables para los republicanos– puede reducir la amenaza creíble sobre los actores venezolanos. Si ello ocurre antes de que se consoliden reformas institucionales clave, el proceso puede estancarse o incluso puede llegar a revertirse.
Washington parece consciente de este peligro, como lo demuestran las luchas en el Senado estadounidense para limitar los poderes del presidente Trump para el uso de la fuerza militar en territorio venezolano. La cuestión es si actuará con la rapidez necesaria.
Escenarios condicionados
Más que asignar probabilidades numéricas, el momento actual exige pensar en trayectorias dependientes de decisiones:
-
Transición democrática viable, si se avanza pronto en garantías y reformas institucionales que permitan la instalación de un gobierno democráticamente electo.
-
Hibridación prolongada, si la estabilización económica sustituye la prioridad por un cambio político.
-
Reversión autoritaria adaptada, si la coerción externa pierde credibilidad antes de consolidarse el proceso.
El desenlace dependerá menos del diseño inicial que de la velocidad, secuencia y consistencia de las decisiones en los próximos meses.
Leer más: No hay nada como el futuro para hacer política
La transición no ha llegado
Venezuela no está aún en una transición democrática, pero tampoco puede afirmarse que el camino que comenzó a andar el 3 de enero pasado sea solo una simple reconfiguración autoritaria. Se encuentra en una fase intermedia, abierta y altamente dependiente del timing. La teoría comparada es clara: cuando las ventanas de oportunidad se cierran, los regímenes autoritarios aprenden, se adaptan y sobreviven.
El margen para acertar –o para fracasar– es estrecho. Y el reloj ya está corriendo.
Benigno Alarcón no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
