El caso de la funcionaria Haydée Moya, víctima del ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, comienza a mostrar señales de evolución médica, mientras crece la preocupación por las condiciones de seguridad en establecimientos educacionales del país.
A poco más de una semana del hecho que impactó a la comunidad escolar, su familia confirmó que la trabajadora logró salir de riesgo vital, aunque su estado continúa siendo delicado y bajo estricta supervisión médica.
Más allá del parte médico, el entorno cercano de la funcionaria puso el foco en un tema estructural: la seguridad en el sistema educativo chileno. A través del mismo comunicado, advirtieron que lo ocurrido no puede ser visto como un hecho aislado, sino como una alerta sobre los riesgos que enfrentan docentes y asistentes de la educación.
En esa línea, remarcaron que el episodio “es un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad”, enfatizando la necesidad de generar entornos protegidos para quienes ejercen labores educativas a diario.
El mensaje también incluyó un reconocimiento al apoyo recibido desde distintas comunidades a lo largo del país, reflejando el impacto transversal que generó el caso. La familia también expresó su solidaridad con otro de los afectados por el ataque: un estudiante que permanece hospitalizado producto de la gravedad de sus heridas.
Finalmente, hicieron un llamado a resguardar la intimidad en este proceso: "Solicitamos respeto y comprensión en este difícil momento, resguardando la privacidad de nuestra familia. Estaremos informando a través de canales oficiales cualquier actualización".
Cabe recordar que el atacante, un adolescente de 18 años identificado como H.M.L. quedó en prisión preventiva tras protagonizar la violenta agresión que provocó la muerte de una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas.
