La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la administración de los recursos de la subvención Pro-Retención por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Linares, ordenando la instrucción de sumarios administrativos y la restitución de cuantiosos recursos fiscales.
Se trata de un beneficio estatal que se entrega a sostenedores de colegios subvencionados para evitar la deserción escolar, por lo que representa un beneficio social relevante y que afecta a dos áreas de especial preocupación para la CGR este año: la infancia y la correcta entrega de beneficios sociales.
Así, tras un examen de cuentas efectuado al período 2021-2024, se verificó que 439 tarjetas gift card destinadas a la compra de vestuario y calzado para estudiantes beneficiarios de la subvención Pro-Retención vencieron sin ser utilizadas, por un monto total de $89.529.138.
Asimismo, se constató que el DAEM no realizó las gestiones necesarias para recuperar esos recursos, pese a que estaban destinados directamente al apoyo de alumnos en situación de vulnerabilidad.
Debido a esta situación, la CGR formuló un reparo por la totalidad de los fondos comprometidos para su restitución al fisco.
Además, el Informe Final N° 42 de 2026 reveló que la Municipalidad de Linares adquirió 3.576 gift cards entre 2022 y 2024 por un total de $650.694.641, sin que existan antecedentes suficientes que acrediten su entrega efectiva a los estudiantes ni la recepción conforme de dichos beneficios.
La fiscalización también estableció que 281 estudiantes beneficiarios de los periodos 2021 y 2022 no figuraban en los registros de entrega, mientras que 37 alumnos incluidos en las nóminas de respaldo no correspondían a beneficiarios de los periodos auditados.
Esta situación evidenció inconsistencias en los registros y una mezcla de información de distintos años, dificultando la trazabilidad y el control de los recursos.
Ante estas irregularidades, la Municipalidad de Linares deberá instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
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