La investigación de Contraloría sobre los viajes de niños y adolescentes haitianos hacia Chile en el marco del programa de reunificación familiar estaba bajo siete llaves. Tal era la reserva de los hallazgos detectados que esa información estaba “cifrada” y con una clave de acceso que tenían pocas personas.
Así, cuando ya estaba listo el preinforme, se derivó durante los primeros días de abril a los tres servicios involucrados: Policía de Investigaciones, Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Migraciones, cuya repartición es la que estaba más bajo la lupa, a raíz del actuar del exjefe de la repartición Luis Thayer.
De acuerdo a antecedentes que obtuvo Reportajes Teletrece, para abrir el documento–y mantener el total resguardo–se envió un archivo con un anexo cifrado, el cual sólo se podía habilitar con una clave que se envió a ciertas personas en un “sobre cerrado”.
A pesar de todas esas medidas de seguridad, el preinforme fue ampliamente difundido, lo que generó un áspero debate político que derivó en una frenética búsqueda de los niños haitianos que no pudieron ser encontrados por las primeras visitas que hicieron los fiscalizadores de Contraloría.
El documento preliminar advertía que no pudo hallar a 64 menores extranjeros de una muestra de 105 que se propuso ubicar para constatar la condición física y emocional. Esa búsqueda se concretó entre el 13 y 28 de enero pasado, logrando el chequeo de sólo 41.
Dentro de los aspectos para la frustrada búsqueda, Contraloría constató direcciones fallidas, no atención del timbre e incluso una presunta desgracia anunciada por el padre haitiano de uno de los niños.
Para la contralora Dorothy Pérez la filtración de estos antecedentes son de carácter grave, pues eventualmente, si la PDI o los otros organismos involucrados hubieran realizado la nueva pesquisas en reserva–como pudo desarrollarse en la etapa de un preinforme–los NNA los hubieran encontrado como aconteció y esas observaciones se hubieran retirado del informe final,publicado el 24 de junio pasado.
Por ello, la primera acción fue derivar los antecedentes al Ministerio Público. Pero no fue todo. El viernes pasado, Contraloría remitió al Consejo de Defensa del Estado una solicitud de “defensa fiscal” para la presentación de una querella contra los funcionarios públicos que resulten responsables de la vulneración de confidencialidad.
En esa línea, según trascendió, el CDE estaba evaluando una pronta acción judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía. A juicio de Dorothy Pérez, habrían funcionarios públicos que no cumplieron con la obligación de confidencialidad, pues se habían aplicado varias maniobras de seguridad para evitar la filtración.
El interés de la querella, además,–explicaron a Reportajes Teletrece–apuntaría a pedir diligencias claves para el organismo fiscalizador.
Informe final de Contraloría apuntó a exdirector Luis Thayer
Tras el revuelo de lo que implicó la filtración del preinforme de la auditoría sobre el SNM, el documento final dio a conocer un profundo desorden y descoordinación entre los organismos del Estado que debían estar conectados en torno a la llegada de los menores haitianos desde Puerto Príncipe para el reencuentro con sus padres en Chile.
En ese aspecto, Contraloría constató certificados vencidos o no legalizados y la ausencia de documentos obligatorios. Lo que se agravó al detectar que el entonces jefe del servicio de Migraciones, Luis Thayer, había firmado un memorándum para disminuir los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento.
De acuerdo a la revisado por la entidad fiscalizadora, Thayer no contaba con las atribuciones para generar esas medidas.
Sin embargo, el exdirector del SERMIG defendió su accionar el mismo día ante los diputados en la Comisión de Gobierno.
Aseguró que en marzo de 2023 devolvieron a nueve menores haitianos que venían con la visa vencida, a pesar que los padres estaban esperando en el aeropuerto. Esta dinámica–señaló Thayer–dio curso a denuncias ante la Fiscalía Centro Norte contra tres líneas aéreas por posibles delitos de trata y tráfico.
Dos años después, en abril de 2025, reveló que declaró como testigo ante la pesquisa del Ministerio Público, la cual explotó hace pocos días con los allanamientos a diversas agencias de viajes vinculadas a ciudadanos de República Dominicana.
En esa línea, Luis Thayer informó a los diputados que el 23 de julio de 2025, su repartición ofició a la DGAC para que no autorizara nuevos vuelos a Arajet, Aruba Airlines y Galistair, además de que iniciara procesos de sanción.
Según el exdirector del SERMIG, esos antecedentes fueron “reiterados” por el actual gobierno, cuyas fiscalizaciones han registrado 1.117 multas a las líneas aéreas.
