“Hitos Carla Graf” es una de las pruebas relevantes que presentó la Fiscalía de Aysén contra el senador Miguel Ángel Calisto, a quien acusó como autor del delito de fraude al fisco y pidió 12 años de cárcel.
Carla Graf Toledo fue asesora parlamentaria mientras Calito ejerció como diputado entre marzo de 2018 y febrero de 2022, cuyas labores nunca se pudieron comprobar, a pesar de obtener pagos millonarios y diversos contratos que sumaron $105 millones.
Según el Ministerio Público, Graf fue un instrumento que usó el parlamentario y Roland Cárcamo Catalán, un antiguo asesor y quien participó en su campaña política para que el entonces militante de la decé llegara al Congreso.
Como Cárcamo–quien era funcionario público en el servicio de salud de Aysén–no pudo optar a un cargo en Valparaíso, ambos dispusieron que la asesoría la asumiera su señora: Carla Graf, que trabajaba como profesora diferencia en la región del extremo sur.
Así, la investigación liderada por el fiscal regional Hernán Libedinsky, comprobó que “Carla Graf no desarrolló, escribió, ni entregó al parlamentario Calisto ningún estudio referido a materias demográficas o socioeconómicas”, como tampoco algún plan o estudio para mejorar los procesos administrativos.
“Todo ello en conocimiento del diputado Calisto”, se lee en el documento que tuvo acceso Reportajes Teletrece, en el cual se detalló que incluso no pudieron encontrar en las diligencias policiales los informes sobre asesorías comunicacionales o reuniones con la sociedad civil como establecían los contratos firmados en el Congreso Nacional.
Las transferencias: otra de las pruebas claves contra Calisto
El primero contrato de Carla Graf lo firmó el 3 de abril de 2018, por $2.762.501, cuyo montó disminuyó en un millón al mes siguiente. Sin embargo, en junio, las condiciones cambiaron nuevamente aumentando en $1,6 millones.
Para la pandemia hubo un nuevo incremento: el 22 de julio, Carla Graf cambió su sueldo a $3.165.000, cuyas modificaciones–según la investigación de la Fiscalía–fueron instruidas por el diputado Miguel Ángel Calisto.
“Quedando inalteradas las supuestas funciones que Carla Graf debía cumplir, y que tampoco cumplió”, advierte la acusación del Ministerio Público.
La PDI amarró el fraude al fisco entre diputado y asesora al seguir la trazabilidad del dinero. En esa línea, la mujer usó las platas de las supuestas asesoría para “beneficio personal” como para su marido Roland Cárcamo, el entonces diputado Calisto y “otras vinculadas al partido Demócrata Cristiano”.
Así, de acuerdo a la Fiscalía de Aysén y cuyos argumentos fueron parte del desafuero aprobado en la Corte Suprema en 2025, Miguel Ángel Calisto recibió “al menos $10.559.316 mediante transferencias bancarias” por parte de su exasesora.
El Ministerio Público, además, apuntó que el actual senador se habría beneficiado con $9.700.000 adicionales mediante el pago de cuotas a un tercero por la compra de una parcela en la Región de Aysén.
“La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial, que permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos”, sostuvo el fiscal regional Hernán Libedinsky.
Un proceso que sigue su curso y que deberá destrabar la condición de senador de Miguel Ángel Calisto, quien postula que deberían desaforarlo nuevamente. Sin embargo, en febrero pasado, la Corte de Apelaciones Coyhaique descartó esa teoría, argumentando que los delitos se habrían cometido como diputado y no como miembro de la Cámara Alta.
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