El Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, encabezada por el Fiscal Regional Francisco Jacir, los antecedentes de la denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini Milla y el diputado Daniel Manouchehri Lobos.
Ambos parlamentarios del Partido Socialista presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Nacional para que se investigue un presunto delito de administración desleal por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La denuncia da cuenta de hechos que, según los denunciantes, podrían revestir carácter de delito, solicitándose su esclarecimiento y la determinación de las eventuales responsabilidades penales que correspondan.
En virtud de lo anterior, la Fiscalía Nacional dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para su conocimiento y fines pertinentes.
Asimismo, mediante el referido oficio, el Fiscal Nacional solicitó informar el Rol Único de Causa (RUC) que se asigne a la denuncia.
Esta remisión constituye una actuación formal del Ministerio Público destinada a dar curso a los antecedentes presentados, conforme a las atribuciones legales de la institución.
Recordemos que la última semana las AFP quedaron expuestas a múltiples frentes tras conocerse que el fondo E registró una baja de 4,92% en septiembre, acumulando en el año un desplome de 10,39% en términos reales.
Este descenso en el multifondo más conservador del sistema, se produjo en medio del incremento de las tasas de interés de EE.UU., lo que golpeó las inversiones de renta fija de las AFP y de todo el mundo.
A raíz de lo anterior se hizo un cuestionamiento a las administradoras: parte de la caída del fondo E se explica por la elevada exposición a derivados que tomaron en el último tiempo, en particular a través de swaps de tasas de interés en EE.UU., lo que alargó la duración de sus carteras más allá de lo requerido para calzarse con una renta vitalicia.
Fentre a lo que ha ocurrido estos días, el pasado martes la Superintendencia de Pensiones adoptó una decisión inédita al informar que, tras concluir todas las acciones de fiscalización respecto de las pérdidas de valor que han afectado particularmente a los fondos de pensiones D y E, decidió iniciar un inédito proceso sancionatorio a cada una de las siete AFP por su eventual responsabilidad en las decisiones de inversión adoptadas, para así determinar si cumplieron o no el deber de lealtad y diligencia en sus decisiones de inversión.
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