Tras la promulgación de la Ley de Fraccionamiento, la presidenta de los pescadores industriales del Biobío, Macarena Cepeda, manifestó el respaldo del gremio a "las empresas pesqueras que han recurrido o recurrirán a tribunales nacionales e internacionales para defender lo que consideran un daño patrimonial severo producto de una expropiación encubierta de asignaciones".
La representante del gremio, sin embargo, aseguró que respetan la institucionalidad vigente y el Estado de derecho, pese a que con la nueva ley "la actividad industrial del Biobío es más reducida" y que el sector se enfocará en adecuarse a "este nuevo marco institucional buscando proteger el empleo regional, la generación de alimentos y el resguardo de los recursos sobre los cuales operamos".
Asimismo, comunicó que el sector industrial en la región "colaborará activamente para dotar a Chile de estabilidad económica y reglas claras, pero también para que nunca más se interrumpan leyes vigentes por razones meramente ideológicas".
Ley de Fraccionamiento Pesquero
La nueva ley de Fraccionamiento redistribuye las cuotas de captura en el país para 23 pesquerías nacionales, ampliando el sector artesanal y traspasándole cerca de 160 millones de dólares anuales desde el sector industrial.
Además, la normativa incorpora el cobro de una patente especial para el sector industrial cuando adquieran cuotas internacionales de jurel, transferidas desde otros países.
Entre las empresas que recurrirán a la justicia por la aprobación de la ley se encuentra Camanchaca, una de las principales pesqueras de Chile que buscará compensación por los efectos que tendrá la ley en el sector.
