Una investigación interna de la Junaeb destapó un presunto fraude por más de $14 mil millones en la entrega de onces escolares destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins. Según los antecedentes recopilados por el organismo, gran parte de esas raciones simplemente nunca fueron entregadas.
El caso revelado por Reportajes T13 ya está en desarrollo por la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), mientras se investigan posibles responsabilidades administrativas y penales para los responsables.
“Esas onces nunca se entregaron”
El actual director nacional de Junaeb, Fernando Peña, fue categórico respecto a las irregularidades detectadas en la auditoría interna.
“Lo que pesquisamos de onces en la región de O’Higgins por más de 14 mil millones de pesos, adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio. Esas onces nunca se entregaron a los alumnos”, afirmó.
Las comidas cuestionadas incluían una taza de leche con sándwich, o avena con leche, fruta y té, por montos que terminaron superando los $8 mil pesos por ración.
La empresa bajo investigación
La licitación se originó en 2019 y fue adjudicada a la empresa Servicios Tecnológicos Coordenadas, conocida como SOSER.
El contrato contemplaba la entrega de onces escolares en establecimientos educacionales de O’Higgins. Sin embargo, según la investigación interna, las raciones efectivamente servidas fueron muy inferiores a las programadas, mientras los pagos continuaron realizándose con normalidad.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por Junaeb, en 2019 se proyectaron 1.017.404 onces, pero solo se habrían entregado 579.329, lo que equivale a un déficit cercano al 43%.
Cómo subió el precio de las onces
Según explicó Peña, el valor inicial ya era considerado alto, pero terminó aumentando aún más.
“En el último pago del año 2023 un valor por once fue de más de $8 mil pesos. Esto está fuera de absolutamente todo rango de precio que pague Junaeb hoy día”, sostuvo.
La empresa SOSER, sin embargo, defendió los pagos recibidos.
El gerente general, Matías Pizarro, aseguró que gran parte del dinero correspondía a costos fijos exigidos por contrato.
“La parte fija no es para pagar el sándwich, sino el sueldo de manipuladoras. Esos recursos fueron utilizados como exigía el contrato”, afirmó.
El rol del exjefe jurídico de Junaeb
Otro foco de sospecha revelado por la investigación de T13 es el papel de Alejandro Layseca Astudillo, quien fue jefe jurídico de Junaeb hasta 2022.
Según los antecedentes de la investigación:
- Layseca autorizó modificaciones al contrato.
- incluyendo aumentar el pago fijo desde un 40% a un 60%.
Actualmente, Layseca trabaja precisamente como asesor legal de SOSER, la empresa investigada.
Layseca descarta conflicto de interés
El exfuncionario aseguró que no existe incompatibilidad en su actual relación laboral con la empresa.
“Habían pasado más de 5 años desde que salí de Junaeb y no había un impedimento de trabajar para este empleador”, afirmó.
Además, descartó haber recibido incentivos o pagos durante su paso por el organismo público.
“Nunca recibí nada”, sostuvo.
El Gobierno anunció acciones
Desde el Ejecutivo confirmaron que los antecedentes serán derivados para perseguir eventuales responsabilidades.
“Hemos detectado alertas graves”, señalaron desde la Segpres, agregando que se buscarán responsabilidades administrativas y penales.
En paralelo, Junaeb anunció auditorías a otros contratos para descartar que este mecanismo se haya repetido en nuevas licitaciones.
