Hasta la calle Metellus 53, en el distrito de Pétionville–donde está la Embajada de Chile en Puerto Príncipe–llegaría un equipo de la Policía de Investigaciones, liderado por la Fiscalía Centro Norte con una sola misión: encontrar los documentos y archivos claves que fueron guardados tras detectar una serie de irregularidades en los permisos legalizados que se estaban otorgando en el consulado para viajar a Santiago desde Haití.
Incluso, los detectives irían por un hallazgo clave: según las interrogatorios obtenidos de los funcionarios diplomáticos–al momento de detectar las situaciones sospechosas–encontraron US$12 mil, cuyo dinero habría estado en poder de una funcionaria, de nacionalidad haitiana, pero que cumplía labores en el consulado en Puerto Príncipe.
De acuerdo a la información, obtenida por Reportajes Teletrece, estas alertas habrían provocado el cierre de la sede diplomática en Haití, el inicio de un sumario reservado y el regreso inmediato del cónsul Rafael Du Monceau a Chile, en noviembre de 2025.
Estas diligencias se consideran determinantes, pues “amarrarían” las sospechas de corrupción levantadas por las autoridades de la época del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes presentaron de inmediato la denuncia al Ministerio Público. A raíz de esto, el excónsul fue citado a declarar en calidad de imputado y optó por guardar silencio.
En esa línea, las denuncias indican que trámites que tenían un costo de US$12, se estaban cobrando–de manera ilícita–en US$100 con el objetivo de acelerarlos y conseguir los permisos vinculados al programa de reunificación familiar. Estas gestiones coinciden, además, con el aumento de viajes charter desde Puerto Príncipe a Santiago, que tuvieron un nuevo peak entre 2024 y 2025 y generaron las alertas que derivaron en el informe especial de Contraloría.
La exsubsecretaria Gloria de la Fuente comentó, la semana pasada, que el cierre del consulado se adoptó por una alerta de la Dirección Consular de Cancillería, donde detectaron las inconsistencias de la documentación y el incumplimiento de las instrucciones del nivel central sobre estas materias migratorias.
Las diligencias en el consulado, comentaron fuentes de la investigación, serían lideradas por un fiscal en terreno con el objetivo de que seleccione los documentos “vitales” para el caso con un criterio de “filtro”. Esta determinación se adoptó, porque los informes reservados de Cancillería indicarían que habrían muchas cajas con archivos que se resguardaron sobre las irregularidades detectadas en Puerto Príncipe.
En la Fiscalía Centro Norte aún están evaluando la fecha del viaje, pues deben considerar varios asuntos como la seguridad del país y de la propia comisión de servicio, dado que Haití está sumido en una grave crisis política y de gobernabilidad.
Fiscalía firmará acuerdo con República Dominicana para investigar juntos tráfico de personas y lavado de activos
Las alertas generadas por el informe especial de Contraloría sobre el desorden administrativo del Servicio Nacional de Migraciones sobre el proceso de reunificación familiar–enfocado en ciudadanos haitianos– también aceleró un acuerdo que se estaba conversando entre las Fiscalías de Chile y República Dominicana.
Así, la fiscal jefe Yeni Berenice Reynoso aprobó avanzar en la firma de un acuerdo para trabajar en conjunto un caso de tráfico de personas y lavado de dinero. Para cerrar el tema, el fiscal nacional Ángel Valencia fue invitado por su par dominicana a firmar la conformación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), durante los primeros días de julio próximo.
Esta decisión se centra en dos investigaciones abiertas en la Fiscalía Centro Norte, las cuales presentan conexiones con República Dominicana. Una de ellas tiene relación con los allanamientos ocurridos ayer en dos agencias de viaje conectadas con un presunto tráfico de migrantes de ciudadanos haitianos.
De acuerdo a los informes policiales, el modus operandis de estas organizaciones apuntó al aprovechamiento de la angustia de las familias haitianas netamente para “lucrar” con el traslado de los menores. Una situación–apuntan desde el Ministerio Público–que configuraría el “tráfico de migrantes”, de acuerdo a la legislación chilena.
En esa línea, la ruta aérea Santo Domingo–Santiago es una alternativa que han estado explotando estas mafias, cuyos informes policiales advierten que las “víctimas” pagarían entre $3,5 y $6 millones por el “servicio completo”: trámites notariales, traslado por pasos ilegales entre Puerto Príncipe y la capital de República Dominicana, pasaje en avión y el “supuesto” tutor que estaría a cargo del menor en el viaje aéreo.
Por tanto, este acuerdo ECI es relevante para el avance de estas investigaciones, porque al firmarse permitiría que las pruebas obtenidas en ambos países se puedan usar “legalmente” en futuras formalizaciones, pues en el Ministerio Público sostienen que el tráfico de migrantes se configura allá en los pasos fronterizos del caribe y el lavado de activos en Chile.
