La Presidencia de la República recurrió a la Corte Suprema para buscar que se declare ilegal una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que obliga a entregar copia de correos electrónicos intercambiados entre los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez, en el marco del caso Monsalve.
A fines del año pasado, el diputado Tomás Lagomarsino pidió a través del portal de Transparencia "copias de todos los correos institucionales enviados y recibidos, entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024, de don Carlos Durán Faúndez y don Miguel Crispi Serrano".
El objetivo de esta acción era conocer qué gestiones se realizaron al interior de La Moneda, específicamente las realizadas por los asesores directos del Presidente Gabriel Boric, para encontrar al reemplazante de Monsalve. Ante la primera negativa del Gobierno, el congresista interpuso un amparo ante el organismo que regula los procesos de acceso a información pública, tras lo cual se le dio la razón.
Frente a esto, luego del revés ante el propio CPLT y más tarde ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace algunas semanas volvió a rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de la Presidencia, ahora será la Corte Suprema la que deberá pronunciarse.
Caso Monsalve: la maniobra de Presidencia
Según una investigación de Radio Bío Bío, esta vez la maniobra que busca dejar sin efecto la decisión de amparo del CPLT, que obliga la entrega de las comunicaciones vía correo electrónico, incluyó la presentación de un recurso de queja en contra de las integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
De acuerdo con el documento compartido por el citado medio, entre las supuestas faltas o abusos que expone el CDE ante la Corte Suprema, se indica que la Corte de Apelaciones de Santiago está ordenando "entregar correos electrónicos que no existen", recalcando que luego de una revisión interna de los mails de Crispi y Durán, la Presidencia constató que no existían comunicaciones relacionadas con el caso Monsalve entre los funcionarios.
Este mismo argumento fue desestimado por el tribunal de primera instancia, debido a que la inexistencia de los correos no había sido explicitada en su momento, cuando el caso todavía se mantenía en la sede administrativa.
Desde el CPLT no se refirieron a este tema, a la espera de lo que resuelva el máximo tribunal.
