La rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, en 29 casos de violación y 27 de abuso sexual, abrió cuestionamientos por sus consecuencias para las víctimas.
El impacto de estas decisiones va más allá de la reducción de las penas. Uno de los principales problemas es que las víctimas no cuentan con un mecanismo que les garantice ser informadas cuando sus agresores reciben estos beneficios, lo que puede dejarlas sin herramientas para anticiparse a un eventual reencuentro.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió sobre las consecuencias que estas medidas pueden tener para quienes sufrieron estos delitos. “Detrás de cada beneficio otorgado hay víctimas, hay historias de vida”, señaló.
El temor de las víctimas ante abusadores liberados
La posibilidad de que el responsable de una agresión sexual vuelva a estar en libertad puede generar incertidumbre, especialmente cuando las víctimas desconocen si su agresor recibió una rebaja de condena.
Carla Ljubetic, representante de Pacto Niñez, planteó que el beneficio puede constituir una nueva vulneración para quienes sufrieron estos delitos.
“La posibilidad de que ese delito tenga una rebaja de condena en sí mismo ya puede estar siendo una nueva vulneración para ese niño, niña y adolescente”, sostuvo.
La representante también describió las interrogantes que pueden surgir entre las víctimas al enterarse de estas decisiones: “¿es uno de mis agresores? ¿Será uno de ellos el que saldrá? ¿Tendré que volver a vincularme? ¿Me sentiré en riesgo?”.
La preocupación se relaciona también con la posibilidad de encontrarse con el agresor sin haber recibido información previa. Silvana Calderón, de la Fundación para la Confianza, ejemplificó esta situación con una escena cotidiana: “Imagínate, vas por la calle y nunca supiste y te enteraste y resulta que te lo encuentras en la calle”.
El defensor de la Niñez enfatizó la gravedad de las agresiones sexuales y sus consecuencias en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
“Es una de las experiencias de vida más traumáticas y más dañinas para el desarrollo de la niñez y la adolescencia”, afirmó.
Quesille también cuestionó los efectos que pueden tener estas decisiones en el proceso de reparación de las víctimas. “Cualquier medida de justicia se ve truncada, se ve frustrada, precisamente porque los deja en una etapa de indefensión”, señaló.
La reparación y el reconocimiento del daño
Desde la Fundación para la Confianza, Silvana Calderón advirtió que conocer la rebaja de una condena puede reabrir el daño psicológico asociado a la agresión.
“Volvemos a abrir esa herida, ¿cómo reparamos esa herida?”, planteó.
Calderón también destacó la importancia del reconocimiento institucional de la gravedad de los hechos para las víctimas.
“Ese reconocimiento público que les repara también es reconocerle y decirle, oye, ¿sabes qué? lo que te sucedió fue grave”, expresó.
La preocupación apunta a que la condena no solo representa una sanción penal, sino también el reconocimiento de que los hechos denunciados ocurrieron y causaron un daño. En ese contexto, las rebajas pueden generar frustración entre quienes esperan que la respuesta judicial contribuya a su reparación.
Ante este escenario, Carla Ljubetic sostuvo que es necesario adoptar medidas que permitan resguardar a las personas afectadas y evitar que queden expuestas a situaciones de riesgo.
“Es necesario activar todos los mecanismos que sean posibles para poder proteger su seguridad, su bienestar”, afirmó.
