En 149 páginas, la Fiscalía Regional de Los Lagos fundamentó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por qué era necesario detener a los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y a la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Es que a juicio de los investigadores había antecedentes suficientes para imputarles los delitos de soborno, tráfico de influencia y lavado de activos, ilícitos por los que serán formalizados el próximo viernes 7 de noviembre.
Reportajes Teletrece accedió al requerimiento presentado al tribunal, donde se detalla la tesis de la Fiscalía sobre el caso. “Se soborna a un Juez de la República, Ministra de la E. Corte Suprema, máximo tribunal del país, obteniendo beneficios económicos a cambio, de los cual se realizan conductas de lavado de activos para esconder su origen y utilizarlos con ánimo de lucro, y en el caso de los dineros recibidos con ocasión del fallo del recurso de queja”, dice el escrito.
Lo que se indaga es el supuesto soborno a Vivanco -a través de Lagos, Vargas y Migueles- para fallar a favor del consorcio bielorruso, Belaz Movitec en un litigio con Codelco ¿El monto? $45 millones, aproximadamente.
“Atendido el carácter de los delitos cohecho, soborno y lavado de activos, considerando que con ocasión de recursos de protección y sus incidencias falladas en perjuicio de Codelco Chile, que se afectó el patrimonio fiscal por $17.176.977.760 pesos, la reiteración de delitos y su permanencia en el tiempo”, se consigna en el documento.
Entre los antecedentes que maneja la Fiscalía, existen transcripciones de llamadas telefónicas intervenidas de los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán con terceras personas, donde -a juicio de los investigadores- se “lavó” el dinero que Migueles recibió por parte de Eduardo Lagos -pareja de Vivanco-, abogado del consorcio bieloruso.
Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, y quien transfirió presuntamente dinero a Lagos, en medio de la investigación, deslizó en un llamado telefónico antecedentes de interés para la causa.
Según el documento de la Fiscalía, le dijo a un hombre que “deben alejarse de Mario, ya que está siendo investigado por haberle pagado uno o dos millones de dólares a Angela por un tema vinculado al Consorcio Movitec”.
En esa misma línea agregó que “Yamil -conservador de Bienes Raíces de Chillán- estaría muy complicado por una transferencia sospechosa por $25.000.000; Teoría de lavado de dinero a través de las cuentas de los Conservadores de Bienes Raíces; Dineros que habrían salido al extranjero (México); Mario, Gabriel Silber, Eduardo Lagos y Aldo Cornejo terminaron sepultando a Gonzalo y Angela, aunque todos sabían que eran coimeros; Yamil tiene todo documentado con una empresa de combustible de su padre”.
Yáber también entregó el nombre de Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones, investigado por supuesto tráfico de influencia y violación de secreto en el caso Hermosilla.
“Respecto a la llamada anteriormente señalada, el personal investigador logró establecer que el imputado Sergio Yáber Lozano se comunicó con un sujeto de sexo masculino, a quien le consultó si tenía ‘resaca’, para posteriormente justificarse por no haber asistido a una reunión social con ocasión de una celebración organizada para el Magistrado Antonio Ulloa, quien había sorteado exitosamente de un cuaderno de remoción en la Corte Suprema”, concluyen los fiscales.
¿Más ministros?
En la investigación también se intervino el teléfono de Gloria Rivera, intermediaria entre Migueles y el conservador de Chillán, Yamil Najle Alée. Ella habría coordinado la visita de la pareja de Vivanco a la zona para el traspaso de los $25 millones que Migueles le entregó al conservador, para este luego volver a transferirlo. Esos movimientos, para la Fiscalía, fundamentaría el “lavado de activos”.
En una conversación con una amiga, Rivera -quien trabaja con Najle- le habla sobre el escándalo que involucra a Vivanco, a quien califica como “corrupta”, pero también entrega otros antecedentes. “La imputada Rivera hizo alusión a que todos los Ministros serían iguales, argumentando sus dichos con la elección de ternas para los cargos de notarios y conservadores de bienes raíces, donde existirían prácticas al margen de la ley donde los Ministros de las Cortes se beneficiarían económicamente producto de la nominación o nombramiento de determinados candidatos, quienes para ser favorecidos estarían dispuestos a financiar propiedades en el extranjero (España) o bien regalar viajes a otros países a los Ministros que les dieron su voto”, resumieron los policías de la llamada.
Recurso redactado desde la casa de Vivanco
Otro antecedentes de relevancia para los investigadores tiene que ver con que en diciembre del 2023 se logró posicionar a todos los imputados a la misma hora en la casa de Vivanco, precisamente el día anterior a la presentación de un recurso en la Corte en favor del consorcio bieloruso.
Así lo explicó la Fiscalía al tribunal: “El personal policial pudo advertir que, una semana antes que los investigados Ángela Vivanco Martínez, Víctor Migueles Oteiza, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, coincidieran (...) la Corte de Apelaciones de Copiapó había rechazado (02/08/2023) la petición formulada por el Consorcio Belaz Movitec SpA., que decía relación con que la empresa Codelco debía asumir los costos de desmovilización, puesto que, en el fallo de la Corte Suprema de fecha 4 de julio del 2023, no se había establecido expresamente esa obligación”.
Agregan que “en este orden, luego de analizar el documento presentado el día el 8 de agosto del 2023 por los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, representantes del Consorcio Belaz Movitec SpA., en cuya instancia interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, un recurso de reposición con apelación en subsidio, en contra de la resolución del 2 de agosto del 2023, el personal investigador logró establecer que las firmas digitales de ambos abogados, que fueron consignadas en el referido documento, registran a las 23:44 horas, del día 8 de agosto del 2023, como se observa en la imagen que se ilustra a continuación, deduciendo de aquello que, el referido documento se habría redactado y cargado a la plataforma del Poder Judicial, desde el domicilio de los investigados Vivanco Martínez y Migueles Oteiza.”
Lingotes de oro: en búsqueda de los otros activos
Otro de los imputados en la causa es Harold Pizarro, quien es dueño de una casa de cambio en Santiago, donde Migueles cambió el cheque de los $45 millones y los pasó a dólares. Por lo mismo, su figura es de “interés” para la investigadores, como también su teléfono.
Pero, una conversación por whatsapp con el abogado Eduardo Lagos en octubre del 2023 daría cuenta del interés por la adquisición de oro. El informe policial emanado por Carabineros advierte que “a esa época ya se habían obtenido utilidades producto del ganancioso juicio para CBM en que Codelco Chile tuvo que desembolsar millonarios recursos públicos”. Y éste es el extracto de la comunicación:
Eduardo Lagos Abogado: Harold Cómo estás?? Favor grande. Tienes fotos de los lingotes. Disculpa. Estoy en otra llamada.
Harold (propietario): ok
La conversación sobre el tema retoma dos días después.
Eduardo Lagos Abogado: Harold
Buenos días
Cómo estás?
Por favor no olvides las fotos
Harold (propietario):
Hay un par con este ribete y las demás son lisas
Eduardo Lagos Abogado
Si tiene otra
Óptimo
Muchas gracias
Se detalla en el informe policial de OS-7 de Carabineros que, al revisar la carpeta de imágenes, fue posible ubicar una imagen que daba cuenta de cinco lingotes aparentemente de oro. La imagen- agrega el documento- “es concordante con el mencionado en el diálogo sostenido cuando éste realizó consultas para la adquisición de activos como el oro, metal de alto valor en el mercado, que no tiene trazabilidad y difícil de pesquisar en cuanto su tenencia”.
Si se concretó o no esa adquisición son parte de las interrogantes que la fiscalía busca aclarar en las nuevas diligencias del caso.
Y se advierte que, pese a que puede corresponder una captura de pantalla de consulta en Google sobre oro, “de lo anterior se desprende que, en el contexto de la investigación patrimonial, parte de los activos de Eduardo Lagos, en lo que nos interesa, obtenidos con ocasión del delito de cohecho/soborno investigado, podrían estar respaldados en oro, metal de alto valor representativo de dinero que no es susceptible de seguimiento ni amparado en sistemas registrales”.
