El abogado Juan Ignacio Piña, defensor del ministro Fernando Rabat, planteó este domingo en Mesa Central los argumentos de la defensa en la acusación constitucional en contra del secretario de Estado, a raíz de la polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El abogado comparó el actual escenario de Rabat con la situación que vivió José Antonio Gómez en 2015, cuando el entonces ministro de Justicia se negó a firmar más de 500 decretos de rebaja de condena, entrando en una guerra con la Corte Suprema.

"Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Pero fíjate que esto pasó en términos muy, muy similares en la época del ministro Gómez. Me tocó conocerlo muy directamente porque en ese tiempo yo estaba en el Consejo de Defensa del Estado", expresó el abogado.

"Y el ministro Gómez, con esa interpretación, para casos distintos, es decir, no tenían que ver exclusivamente con esto, empezó a negar las solicitudes de los beneficios. Lo conocemos muy bien, porque éramos nosotros en el Consejo de Defensa del Estado los que teníamos que ir a hacernos cargo de eso", continuó.

"Fíjate que algunas resoluciones de la Corte en contra del ministro incluso mandaban los antecedentes al Ministerio Público. Yo me acuerdo de sentencias de la Corte Suprema, en que el ministro Carlos Cerda ponía una prevención y decía, soy de la opinión de que se envíen los antecedentes al Ministerio Público porque el ministro de Justicia estaría cometiendo eventualmente delitos al no conceder estos beneficios", agregó.

"Entonces, es muy curioso que con esa historia, hoy día tratemos de reinterpretar el mundo de tal manera que esta es una decisión arbitraria en que el ministro simplemente decide o no decide", complementó al respecto el abogado Ignacio Piña.

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