Abogado Juan Ignacio Piña plantea los argumentos de la defensa en la acusación constitucional contra ministro Rabat
Mesa Central - Juan Ignacio Piña, abogado defensor del ministro Fernando Rabat
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Juan Ignacio Piña, abogado defensor del ministro Fernando Rabat en la acusación constitucional en su contra, a raíz de la polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, conversó este mediodía con Mónica Pérez en Mesa Central, abordando los argumentos en la defensa del secretario de Estado.
Según planteó la conductora del espacio, lo que la defensa dice fundamentalmente es que la jurisprudencia obligaba de alguna manera al ministro Rabat a hacer lo que hizo y que en el fondo hay un cambio de criterio, pero que eso no infringe la ley o la Constitución.
"Claro, con el cuidado que hay que tener con la palabra 'lo obligaba', que es precisamente una de esas que ha generado esta gran discusión respecto de si estaba obligado o no estaba obligado", precisó el abogado.
"Efectivamente, de eso se trata básicamente. Es decir, durante muchos años ha habido una jurisprudencia bastante consistente respecto de cómo tenía que interpretarse la concesión de estos beneficios de reducción de condena y era muy relevante por lo mismo atender a esa línea jurisprudencial que estaba diciendo que el principio de retroactividad hacía aplicable, aun cuando los hechos se hubieran cometido con anterioridad a la ley y hubiera esta interpretación de que regía inmediatamente. Y esa jurisprudencia fue a la que se atendió para efectos de tomar esta decisión", agregó.

La acusación tiene tres capítulos. El primero tiene que ver con la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, el segundo con delitos relacionados de lesa humanidad y el tercero es un delito de probidad por haberle mentido a la Cámara, supuestamente, respecto de determinadas cosas que dijo el ministro en esa sesión.
"Respecto del primero, que es probablemente el que más ruido ha hecho siempre, tiene que ver precisamente con una forma de interpretar y un cierto resultado que había estado evacuando la Corte durante mucho tiempo", expresó el abogado.
"Porque tenía que ver con la interpretación de este beneficio como sujeto del principio de retroactividad, empeoraba las condiciones de ejecución penitenciaria y por lo tanto se entendía como parte de la pena. ¿Qué quiere decir esto en términos muy sencillos? Empeora la posición de un condenado por una normativa que se ha dictado después de que el sujeto había cometido el delito", agregó.
Es decir, explicó, la acción del ministro Rabat se basa en que "la ley excluye a estos condenados, sin embargo, la ley no tiene la facultad, no tiene la capacidad, de poder aplicarse a hechos cometidos con anterioridad, porque hay principios constitucionales y en tratados internacionales que establecen la irretroactividad de la ley penal".
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