La decisión de Estados Unidos de revocar la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, dejó al descubierto una serie de contradicciones en el proceso del acuerdo entre Chile y China para la instalación de un cable submarino por el océano Pacífico.
Estados Unidos acusó a los representantes del Gobierno de Chile de “intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía" de la región, mientras que desde el Ejecutivo destacaron la soberanía de nuestro país para tomar este tipo de decisiones.
Sin embargo, con ello se conoció el curso que había seguido este proyecto, que fue desde la aprobación de la concesión, hasta la anulación de aquel documento solo dos días después.
La cronología del cablegate con China
- El 26 de noviembre del 2025 la compañía china Mobile International ingresa la solicitud de concesión para un servicio de telecomunicaciones.
- El 27 de enero del 2026 el ministro de Transportes firma el decreto de concesión del cable submarino chino.
- Ese mismo 27 de enero del 2026 el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, recibe información sobre problemas de seguridad informática en el proyecto, de parte de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Chile. Esa información es traspasada al ministro Muñoz.
- La noche de ese mismo 27 de enero del 2026 el ministro Muñoz informa al Presidente, Gabriel Boric, de la firma de concesión y de la alerta estadounidense.
- El 29 de enero del 2026 se anula la firma electrónica de la concesión
- Ese mismo 29 de enero del 2026 China autorizó el inicio de las obras del cable submarino para comenzar el cableado en la costa china
- El 2 de febrero el ministro Muñoz recibió al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. En ese encuentro el diplomático le habría advertido de posibles sanciones si el proyecto continuaba su curso. El secretario de Estado chileno no le habría informado en ese momento que se había anulado la concesión.
- 20 de febrero estalla públicamente el caso con las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos a los tres funcionarios chilenos.
