La Cámara de Diputados despachó al Senado la ley de reajuste del sector público con 119 de los 132 artículos aprobados. Entre aquellos que se rechazaron se encuentra la norma de confianza legítima, denominada por la oposición como "ley de amarre".
Desde el Ejecutivo se destacó la aprobación del reajuste del 3,4%y de todos los beneficios económicos que se acordaron en el sector público y se planteó que buscarán seguir dialogando en el Senado para lograr acuerdo en los puntos que no obtuvieron respaldo.
Lo que establecía la norma que fue considerada un "amarre" para funcionarios públicos de confianza de esta administración era que "la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo (...) sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados".
Asimismo, "reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad" ante la Contraloría.
En un intento del Ejecutivo por alcanzar un acuerdo con la derecha, se presentó una modificación en el plazo de dos a cinco años. Sin embargo, fue rechazada en la Comisión de Hacienda del Senado y en la votación de este miércoles se consideró la propuesta original.
Sobre el resultado de la votación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró que se haya aprobado "en general este proyecto de ley (...) por amplia mayoría (...) lo que da cuenta de un apoyo transversal que por supuesto excede al oficialismo propiamente tal".
Grau descarta "amarre"
Pese a las críticas que ha desatado la norma de confianza legítima, el ministro Grau confirmó que seguirán insistiendo en su aprobación. En el Senado se planteará el plazo de los cinco años para evitar dudas sobre un "amarre" de funcionarios.
Sobre aquello, el secretario de Estado afirmó que "ninguna persona que haya ingresado durante esta administración iba a tener esta posibilidad y a pesar de ello se ganó la votación pero no se tuvo los votos suficientes para pasar el quórum. Eso es lo que vamos a reponer en el Senado y es una conversación que va a tener que empezar desde ahora".
Grau, además, defendió la propuesta asegurando que es "razonable" y que "lo que busca no es amarrar a nadie a ningún cargo, sino que simplemente no existan arbitrariedades en el despido o no renovación de una contrata".
