En qué consiste norma de "amarre" del reajuste del sector público y por qué ha generado polémica
Aton- Ministros Boccardo y Grau en Comisión de Hacienda
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La ley de reajuste del sector público será votada en la Sala de la Cámara de Diputados este miércoles. La iniciativa ha generado cuestionamientos desde su ingreso debido a lo que la oposición ha considerado un "amarre" a funcionarios de confianza de la actual administración.
Lo presentado por el Ejecutivo se tradujo en los acuerdos alcanzados con la Mesa del Sector Público (MSP).
El proyecto original incorpora, entre otras propuestas, un reajuste general de un 3,4%. Se contempla un aumento de 2% a contar del 1 de diciembre de 2025 en remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones, y un incremento de 1,4% en junio de 2026.
Junto con ello, se establece un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, y nuevas remuneraciones mínimas nominales. Mientras que los auxiliares percibirán sueldos de $564.598, los administrativos recibirán $628.344 y los técnicos $668.412.
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Además, se establece una prórroga de la facultad de teletrabajo desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.
Polémica por "ley de amarre"
La norma dentro del proyecto de reajuste que ha generado polémica es la que establece que "la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados".
Esta misma indica que "se exige la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad".
Ante las críticas, el gobierno decidió cambiar el plazo de dos a cinco años, como un intento de alcanzar acuerdo y evitar que se plantee que se busca "amarrar" a funcionarios contratados durante la actual administración.
