Uno de los motivos por los que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha estado en la mira esta semana es el despido de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.
El otro, es que solicitó información sobre una causa penal que está en curso y, por ello, el diputado socialista Raúl Leiva ofició a la Contraloría para que evalúe la legalidad del requerimiento que la ministra envió al director de la PDI, Eduardo Cerna.
De acuerdo a lo que informó Radio Bio Bio, Steinert solicitó información respecto a los traslados de funcionarios que investigaban la causa del "Clan Chen", causa a cargo en su momento de la propia secretaria de Estado, quien se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
Y si bien Leiva le pidió explicaciones a Steinert en la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia en la que consultó sobre "los alcances y la legalidad de este oficio reservado" que envió a Cerna, consideró que la respuesta de la ministra fue "muy escueta" y que entre ambos existe una "discrepancia" que debe ser resuelta por la Contraloría.
"En función de esa discrepancia y de manera prudente, muy respetuosa, le plantee que íbamos a requerir a la Contraloría", declaró el parlamentario.
Asimismo, manifestó que "es inadecuado" que tenga conocimiento "respecto de una causa penal tan compleja, que invoca en el propio oficio y respecto de la cual era una fiscal instructor" y que "luego esos antecedentes los utilice en su calidad de ministra de Seguridad".
