Qué observar. Son muchos los ejemplos de proyectos que están detenidos, ya sea por los tiempos que se toman las entidades estatales en otorgar los permisos, un número excesivos de trámites de diferentes reparticiones que deben sacar los inversionistas para iniciar la construcción o puesta en marcha de una obra o por disposición del Consejo de Monumentos Nacionales por el hallazgo de restos arqueológicos o declaración de zonas protegidas o históricas.

  • “La permisología nos está matando”, advirtió el expresidente Eduardo Frei en junio pasado.
  • “La permisología se ha constituido en una traba constante para la inversión, particularmente para los grandes proyectos” señalaba la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal en un documento presentado al senador Rojo Edwards en agosto pasado, en el que se advertía que esto está significando el traslado de faenas a países con menor burocracia, entre ellos, Perú.
  • Entre las trabas más importantes están la ausencia de plazos o el incumplimiento de ellos para su otorgamiento, la existencia de procesos obsoletos, una baja digitalización, falta de coordinación entre los servicios y una alta discrecionalidad en los criterios aplicados.
  • La propia ministra de Obras Públicas, Jessica López, advirtió a Ex-Ante hace unos días que “los tiempos de hoy exigen mucho de los proyectos y tenemos que buscar una forma donde todo eso no signifique que nos demoremos tanto tiempo, la gente tiene necesidades”.

Marcel y el cambio necesario. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el país tiene el desafío de “ir recuperando su capacidad para crecer ya que se ha descendido mucho en los últimos 15 años”. En entrevista con radio Pauta, advirtió que “un proyecto de inversión que normalmente mira hacia el futuro, no puede estarse tramitando 7, 8 o 10 años, porque para eso entonces las condiciones que vengan para adelante probablemente van a ser diferentes y los inversionistas, sobre todo los internacionales, también tienen alternativas en otras partes del mundo”.

  • A su juicio existen dos cosas que fundamentales: “Primero, cómo reactivamos la inversión. La inversión no ha caído pero ha permanecido estable durante mucho tiempo y si una economía quiere crecer tiene que aumentar su inversión. Y segundo, aprovechar las oportunidades que se le abren al país que no las ha tenido mucho tiempo en esta magnitud”.
  • Agregó que “se ha hablado mucho de permisología. En Chile hemos ido estableciendo una serie de requisitos para las inversiones que corresponden a requerimientos de sostenibilidad, del medio ambiente, de carácter sanitario, pero lo que ha ocurrido es que la manera en que se van implementando cada uno de esos requerimientos ha ido generando un bosque de regulaciones muy complejo”.
  • Por ello, dijo que “estamos en condiciones de hacer un esfuerzo por racionalizar todo ese bosque, reducirlo a lo que realmente se necesita para la política pública y no dilatar innecesariamente proyectos de inversión que son importantes” y advierte que “más que certeza jurídica, dar un horizonte claro para el desarrollo de los proyectos de inversión”.
  • Y concluye en que “tenemos que ordenar bien nuestros procesos porque lo que está en juego es algo muy importante para el país como es no solo la inversión sino el desarrollo de estos nuevos sectores que le van a dar un impulso renovado a nuestra economía”.

El diagnóstico. Se estima que hoy un proyecto grande tarda al menos 10 años en lograr la tramitación de los permisos exigidos, si es que logra sortear la evaluación política que incluye el proceso de tramitación ambiental y que ha sido responsable del fracaso de muchos de ello.

  • La Comisión Nacional de Evaluación y productividad (CNEP) en el estudio “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”, que abarca el periodo 2018-2022  identificó a 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, 63 de los cuales son de carácter crítico, ya que pueden paralizar un proyecto en su etapa de tramitación.
  • En la mayoría de los casos, los plazos de revisión efectivos superan con creces el tiempo máximo que establece la ley. Por ejemplo, una concesión marítima, que debe ser aprobada o rechazada en un máximo de 4 meses, toma, en promedio, 34 meses. Y para una obra hidráulica mayor, estos plazos son 6 y 49 meses, respectivamente.

 

Impacto en la inversión. Los datos de inversión en Chile han caído en los últimos años, como advertía el ministro Marcel. La Corporación de Bienes de Capital (CBC) para el segundo trimestre de este año muestran que la inversión se contrajo un 15% respecto al mismo lapso del año previo, totalizando US$ 4.519 millones. Este último es el registro más bajo en los últimos dos años y se aleja del punto más alto de la serie, cuando se ejecutaron US$ 6.394 millones en el cuarto trimestre de 2020.

  • Al cierre del primer semestre de este año, la inversión aprobada por la autoridad ambiental cayó a su nivel más bajo en 16 años.
  • Y los problemas que enfrentan los proyectos son importantes. Sólo para citar algunos ejemplos: Nueve hospitales se encuentran paralizados por trámites principalmente en el Consejo de Monumentos Nacionales por hallazgos arqueológicos.
  •  El proyecto de Tierras Raras de la empresa canadiense Aclara Resources fue rechazado porque 6 ejemplares de naranjillo (citronela mucronata) no estarían debidamente resguardados.
  • Dreams no puede construir el nuevo casino de Iquique porque el terreno que había sido entregado para su construcción fue declarado Monumento Histórico.
  • Las obras de la planta desaladora Aconcagua, de la empresa de capitales brasileños, Aguas Pacífico, estuvo 86 días son poder construirse debido a la toma de la entrada a la obra por parte de pescadores.
  • El Puerto de San Antonio lleva tramitando 10 años su ampliación.

El proyecto del Gobierno. Durante la Cuenta Pública del 1 de junio, el Presidente Boric aseguró que a “este año terminaremos de digitalizar los permisos sectoriales críticos, para que toda su tramitación sea vía electrónica en una ventanilla única. Y para abordar este problema de raíz, el segundo semestre ingresaremos al Congreso una ley de reforma integral a la tramitación de más de 300 permisos sectoriales. Así, tendremos un sistema más coherente, transparente y expedito”.

  • El proyecto que está trabajando el Ministerio de Economía aborda cuatro aspectos: realizar reformas al Sistema de Evaluación Ambiental, a las Concesiones Marítimas, a la Ley de Patrimonios del Consejo de Monumentos y a la tramitación de Permisos Sectoriales.
  • Los objetivos son: simplificar los procedimientos, reducir de forma sustantiva los tiempos, resguardar la calidad de los proyectos y aumentar la certeza jurídica.
  • Los cambios buscan apuntar a un universo de 380 permisos que irán dentro de la reforma.

 

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