El Presidente José Antonio Kast reconoció este lunes, en compañía de sus ministros, que la rebaja de pena de 56 condenados por delitos sexuales contra menores fue un error que buscarán corregir.
En su declaración, el mandatario expuso que durante los últimos años el Estado le otorgó rebajas de condenas a más de 300 sentenciados por estos delitos y no hay "explicación técnica, ni criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel, ninguna".
"A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes, algunos adultos, y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló y como Presidente en ejercicio me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno, que va más allá del Poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ello tenga", agregó.
En este escenario, planteó, hay dos caminos, "uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, podría seguir hasta un próximo gobierno".
Pero el camino "difícil", dijo el mandatario, es "hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido.
"El ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe con sus funciones con una responsabilidad muy concreta: liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse", afirmó.
Kast destacó, además, que ante la situación suspendieron toda tramitación de rebajas de condenas para quienes cometieron delitos sexuales contra menores y usarán "todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas".
Asimismo, confirmó que recogerán las mociones parlamentarias que se presentaron tanto desde la Cámara de Diputados como del Senado y que presentarán un proyecto que "sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno" impedirá que condenados por abuso sexual y violación contra menores tengan acceso al beneficio.
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