Si bien la indicación que establece que recintos educacionales y de salud deberán reportar a migrantes irregulares fue propuesta por el Ejecutivo, la ministra de Salud, May Chomali, reconoció observar "con bastante preocupación" la iniciativa.
De acuerdo con lo declarado por la secretaria de Estado en entrevista con Radio 13c, esta indicación ha sido tema de conversación en el comité de ministros y su posición es que "no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas".
Chomali explicó que "esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente".
Además, no pueden "negarle la atención de salud a las personas. Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno".
Pese a que la medida fue respaldada incluso por el Presidente José Antonio Kast, Chomali afirmó que "no podemos ir en contra de ley, que tiene que ver con la ley de deber y derecho del paciente y el Código Sanitario y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante".
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en tanto, explicó tras los reparos que surgieron hacia la indicación, que la entrega de información, a PDI o Migraciones, solo aplica "cuando se verifica un proceso de expulsión" y es "para hacerle las notificaciones respectivas", por lo que "aquí no hay una obligación de reporte ni de denuncia".
