El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció ante la confirmación del biministro Claudio Alvarado de que no tenía información respecto al requerimiento presentado por el gobierno en el Tribunal Constitucional (TC), que hay una "dificultad de comunicación interna más formal".
Consultado respecto a si efectivamente el biministro no sabía del requerimiento que impugna la normativa que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por los incendios, incorporada en la megarreforma, García Ruminot declaró que le cree a Alvarado "cuando dice que no tenía la información, por supuesto le creo".
"No hay ninguna duda de que alguna dificultad de comunicación interna más formal debemos haber tenido y, por esa razón, él no estaba debidamente informado", agregó.
Además, sostuvo que en el gobierno no tuvieron "ninguna intención de ocultar información, sería absurdo, sino que simplemente hemos tenido semanas muy intensas de trabajo y es muy probable que eso haya hecho que no hayamos tenido una comunicación formal con el ministro Alvarado".
Al preguntarle si el requerimiento no fue tema de conversación en el comité político del pasado lunes, el secretario de Estado indicó que sí se ha abordado en esa instancia, pero "muchas veces ocurre que particularmente los ministros estamos entrando y saliendo. Entonces, es muy probable que cuando se conversó, el ministro Alvarado en ese minuto haya tenido que salir a atender otra situación".
García Ruminot defiende requerimiento ante el TC
Fuera de lo que ha implicado la polémica, García Ruminot explicó los motivos por los que decidieron presentar el requerimiento ante el TC: "Nosotros como Ejecutivo no es que estemos en contra de la reposición de los servicios básicos en casos de emergencia. Nadie podría estar en desacuerdo con ello", comenzó manifestando.
"Lo que pasa es que, primero, consideramos que no guarda relación con las ideas matrices del proyecto de reconstrucción y ese es el argumento jurídico que estamos invocando para recurrir al Tribunal Constitucional", argumentó el ministro.
Y a ello sumó que el Ejecutivo tiene reservas de la forma en que fue planteada la normativa, pues establece que "la reposición de los servicios básicos, dependiendo cuál sea, tiene que cumplirse dentro de 48 horas o dentro de 24 horas".
El secretario de Estado expuso que "esos plazos bajo situaciones de emergencia, de intensa lluvia, de nevazones, de vientos muy fuertes como hemos tenido esta semana, son imposibles de cumplir".
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