El 15 de enero pasado, la Dirección General de Aguas (DGA) –dependiente del Ministerio de Obras Públicas– publicó en el Diario Oficial la lista de titulares de derechos de agua que en 2025 no realizaron obras para el uso de este recurso, con el objetivo de iniciar el proceso de pago de patentes en 2026.
Los beneficiados con este derecho deben pagar un impuesto, luego que la DGA comprueba la inexistencia de obras asociadas al uso de agua u obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad o parcialmente del caudal otorgado.
Con ello, la autoridad informó un total de 5.432 derechos de aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, con lo que se estimó que el Estado debía recaudar unos $397 mil millones. Por lo general, existen 30 días para cumplir con esta obligación, que de no pagar esta patente, la Tesorería inicia un proceso legal en los juzgados civiles, cuyo proceso–incluso–ha sido respaldado por dictámenes de Contraloría.
Y así ocurrió. El 28 de mayo pasado, el director regional tesorero santiago poniente, Cristián Urrutia, lideró una de esas acciones contra 133 empresas o personas naturales, cuyos titulares “no han pagado las patentes de aguas por no uso de las mismas o no hayan construido las obras que ordene el código de aguas”.
De acuerdo a la demanda ejecutiva por cobro de patentes–presentada en el 24 Juzgado Civil de Santiago–,la Tesorería inició por ley un procedimiento para efectuar un “remate público” de este derecho.
En ese marco, dentro de 133 requerimientos, apareció la empresa Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. (QTG), cuyo fundador y propietario es Alejandro Irarrázaval Alonso, quien ejerce hoy como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
Es decir, Tesorería demandó a la compañía del principal asesor del Presidente José Antonio Kast por el no pago de los impuestos relacionados con los derechos de uso de agua. Y no se trataría de una situación aislada.
Al parecer, QTG –dedicada al rubro de producción y exportación de uva– no ha mostrado interés en pagar esta patente solicitada por la Dirección General de Aguas, pues mantiene un largo historial de demandas civiles de la Tesorería por estas dinámicas, tras una revisión realizada por Reportajes Teletrece en los juzgados civiles de Santiago.
Incluso, Alejandro Irarrázaval presentó una demanda ejecutiva contra la propia DGA en 2023 para buscar la prescripción de una deuda de más de $28 millones en conceptos de no pago de patentes por los derechos de agua que registra bajo su propiedad en un fundo en Peldehue, en la comuna de Colina.
Según el documento –al que tuvo acceso Reportajes Teletrece– el jefe de asesores cuando ejercía como presidente de la exportadora de uva solicitó anular dicha deuda asociada a los años 2017 y 2020 dado que estaba prescrita.
“Vengo en interponer demanda en juicio ordinario en contra de la Dirección General de Aguas, a fin que se declare la prescripción extintiva de la acción de cobro de patentes por no uso, en su calidad de titular de los derechos de aprovechamiento de aguas”, se lee en el documento judicial.
Con todo, la empresa agrícola pidió la revocación de las deudas correspondientes de 2017 y 2020, en que debían al 31 de marzo de esos años las sumas de $15.765.140 y $12.785.323 correspondientes, totalizando una mora de $28.550.463.
El litigio tuvo una duración de dos años, cuya sentencia se conoció en abril de 2025, pero todavía no se ha notificado a las partes, por lo que quedó sin efecto al archivarse. Por tanto, no se pudo corroborar qué definió la justicia, a pesar de que la normativa permite anular estas deudas al cabo de tres años.
Sin embargo, el proceso dio cuenta que la compañía emplazada en Colina registraba una deuda más amplia sobre estos pagos de tributos. La agrícola presentó un certificado emitido por Tesorería el 10 de mayo de 2024 en el que se oficializó una mora de $149 millones por no pago de patentes de uso de agua desde 2015.
Por ejemplo, el monto más antiguo refiere al 31 de marzo de 2015 con una deuda de $26.753.098, mientras que en 2019 la cifra sumó otros $11.499.126 y en 2023 adicionó al total unos $17.347.068. De acuerdo al documento de cobro, los valores se componen del neto que suma reajuste e interés, según especifica la normativa.
En resumen, desde 2015 –salvo los periodos 2016 y 2018– hasta 2024, la compañía totalizó una deuda de $149.100.950 por no pago de patentes de uso de agua.
Una cifra que podría aumentar considerando los años 2025 y 2026 en que la DGA también informó que Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A debía cancelar el impuesto y –como no realizó la gestión administrativa– la Tesorería demandó a la exportadora de Irarrázaval.
Reportajes Teletrece solicitó una versión al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda para obtener una respuesta por el no pago de este impuesto.
Desde el entorno de Alejandro Irarrázaval comentaron que esos “cobros” han sido “cuestionados” por la compañía agrícola mediante mecanismos administrativos y judiciales que contempla la legislación vigente. En esa línea, explicaron, que esta controversia se relaciona con procesos de autorización y habilitación de “puntos de captación” para el desarrollo de la actividad.
Por ello, sus cercanos, indicaron que al tratarse de un conflicto empresarial y administrativo, es la compañía QGT la que debe entregar los antecedentes específicos de los montos involucrados y el estado de dichos procedimientos.
Así, desde el entorno del jefe del Segundo Piso de La Moneda, aclararon que no forma parte de Agrícola Chacabuco Quality desde agosto de 2025. En esa fecha, sostuvieron, se conformó una nueva administración en la exportadora de uva.
“Actualmente no desempeña funciones ejecutiva ni cuenta con facultades de dedicación en dicha sociedad”, afirmaron.
El entramado societario de Agrícola Chacabuco Quality
Si bien Agrícola Chacabuco Quality Grapes no figura en las sociedades actualmente vinculadas al "orejero" de Kast, hay dos empresas que permiten reconstruir su participación en la firma demandada por la Tesorería: Río Colina S.A. e Inversiones San Juan Limitada, sociedades que participan en QTG a través de esquemas societarios.
De acuerdo con informes y registros comerciales, Irarrázaval mantiene participación en cinco sociedades. Una de ellas es Inversiones San Juan, firma que el asesor jefe inscribió junto a su esposa como sociedad de responsabilidad limitada el 29 de julio de 2004. Según consta en el Diario Oficial, el capital inicial fue de $5.970.979, aportados en un 99,99% por Alejandro Irarrázaval, mientras que el otro 0,01% correspondía a su esposa Jessica Diethelm Dávila. Su giro principal es “la inversión de los fondos sociales en bienes raíces y sociedades, administrarlos y percibir sus frutos”.
Dos años después, el 22 de mayo de 2006, se constituyó Río Colina S.A., pero en su creación participaron otras dos sociedades: Inversiones San Juan y Asesorías Jordán Joannon Limitada, propiedad del agricultor Rafael Jordán Marín, actual socio del jefe de asesores del Segundo Piso. Su capital inicial fue de $110 millones, dividido en 11.000 acciones. Su principal objeto fue –de acuerdo al acta– la “administración de fondos de inversión privados”.
Esa figura tomó relevancia tan solo tres meses después, el 22 de agosto del 2006, cuando Alejandro Irarrázaval y el agricultor Rafael Jordán constituyeron Agrícola Chacabuco –la empresa que demandó el fisco–, pues entre los fundadores también estaba Río Colina S.A., quien actuó representación de un Fondo de Inversión Privada llamado Uva Chilena, que reunía aportantes del rubro agrícola. El capital inicial con el que actuó Agrícola Chacabuco fue de $200 millones divididos en 20 mil acciones.
De acuerdo con un reportaje de La Tercera, Irarrázaval ocupaba la presidencia de Agrícola Chacabuco al menos hasta octubre de 2025 y en su propiedad y administración también participan sus familiares: en su directorio han estado sus hermanos Javier y Rodrigo y su cuñado, el abogado Luis Alejandro Silva Valdés, quien es padre del exsubsecretario de Justicia que salió del gobierno el 30 de octubre pasado.
Pero la relación entre Río Colina S.A. y Agrícola Chacabuco no se limitó a su origen. El 30 de julio de 2018, una junta extraordinaria de accionistas de la agrícola acordó aumentar su capital. En esa operación, Río Colina suscribió 33.936 nuevas acciones, valorizadas en $455 millones, lo que la posicionó como accionista mayoritaria de QTG.
Un contrato con el Ejército
Once días antes de la creación de Agrícola Chacabuco Quality, el 11 de agosto del 2006, el FIP Uva Chilena celebró un contrato de arrendamiento con el Ejército, para el uso de 160 hectáreas de la Hacienda Peldehue, en la comuna de Colina, predio que pertenece a la institución castrense. El 2007, a través de una modificación del contrato, Agrícola Chacabuco reemplazó al fondo de inversión privado y la exportadora quedó como arrendataria del predio.
Ese terreno, emplazado en el valle de Chacabuco, es usado por la sociedad agrícola para la producción y exportación de uva de mesa a numerosos países, según su página web.
Una década después del primer contrato, en 2016, el acuerdo se volvió a modificar y celebró un nuevo acuerdo entre las partes. Esta vez, la institución militar pactó el arriendo de la hacienda por 31 años más, hasta junio de 2047, a Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. y se fijó el precio por el arriendo para cada año agrícola. Además, se amplió el terreno arrendado, incorporando dos lotes adicciones de 52 y 17 hectáreas. En total, el nuevo acuerdo comprendió aproximadamente 225 hectáreas.
En el contrato de 2016, revisado por Reportajes Teletrece, se especifica que Agrícola Chacabuco “asume obligaciones como mantener la infraestructura de riego, tramitar inscripciones de aguas a nombre del arrendador, pagar impuestos y contribuciones generados por la explotación”.
Además, el contrato señala que “las partes acuerdan no considerar como causal de incumplimiento del Arrendador la escasez o inexistencia total del flujo material de las aguas”. Sin embargo, el mismo documento aclara que “si la falta de agua se debiere al (...) incumplimiento de pagos de derechos, patentes o mantenciones asociados a la libre disponibilidad del recurso, ello sí constituirá incumplimiento”.
Reportajes Teletrece contactó el miércoles 11 de noviembre, vía correo electrónico, a los ejecutivos de Agrícola Chacabuco Quality y no fue posible tener una versión de estos antecedentes y si se concretó el pago de la deuda, al cierre de este artículo. Uno de los gerentes sólo remitió, ese mismo día a las 15 horas, que las preguntas debían ser aclaradas por Rafael Jordan, socio histórico de Alejandro Irarrázaval.
