En entrevista con T13 En Vivo, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó detalles sobre el proyecto de ley que impulsó la bancada de Renovación Nacional que busca restringir beneficios a migrantes irregulares y que actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior del Senado.
La iniciativa busca modificar el tratamiento del ingreso irregular al país, transformándolo en un delito. "Entrar al país sin autorización es una falta, lo cual no hay castigo. Esta ley es para que se pueda producir la expulsión inmediata o la retención de la persona", explicó.
Según detalló, uno de los principales objetivos es que estos procesos no dependan exclusivamente del Servicio Nacional de Migraciones, sino que pasen directamente al ámbito judicial. “Queremos que sea una expulsión que no dependa del servicio de migración, sino que dependa netamente de la justicia por cometer el delito de ingreso ilegal”, agregó.
Dentro de las medidas contempladas, Sauerbaum indicó que se establecerán penas más altas para quienes ingresen por pasos no habilitados. “El proyecto de ley tiene una pena por ingreso no habilitado por 61 días, que es mucho más que los cinco días que hoy permite retener a una persona”, afirmó.
Asimismo, se incluyen sanciones más severas para quienes utilicen documentación falsa. “Hay una pena de hasta 5 años de cárcel para personas que entren con documentos falsos, cosa que también ocurre con mucha frecuencia”, sostuvo.
A esto se suma la tipificación del delito de transporte de migrantes irregulares y sanciones dirigidas a empleadores que contraten a personas sin papeles. “Vamos a sancionar al empleador que contrate a migrantes sin documentación”, puntualizó.
Refuerzo en zonas críticas tras migraciones
El futuro director también abordó el fortalecimiento del control fronterizo, asegurando que existen puntos específicos donde se concentra el ingreso irregular.
“Nosotros hemos determinado que hay 12 puntos críticos en la zona”, explicó, agregando que en esos sectores se implementarán medidas como vigilancia con drones, cámaras nocturnas y monitoreo constante.
Además, se evalúa la construcción de barreras físicas. “Una zanja que se va a construir en estos sectores más complejos”, señaló, como parte de un plan integral para controlar el ingreso.
Uso de fondos de AFP para expulsiones
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la forma en que se financiarían las expulsiones. En ese sentido, Saurbaum fue claro en señalar que se buscará que los propios migrantes asuman ese costo.
“En algunos casos lo van a pagar ellos, los que están cotizando, pretendemos sacarles los recursos de la AFP para solventar los pasajes fuera de Chile”, afirmó.
La medida apuntaría a evitar que el Estado asuma completamente los costos de estos procesos, especialmente en un contexto de alta demanda.
Finalmente, Sauerbaum advirtió sobre la compleja situación administrativa que enfrenta actualmente el sistema migratorio en Chile.
“Tenemos 120 mil nacionalizaciones en trámite, 23 mil que dejó el gobierno anterior listas para firma y 63 mil residencias definitivas”, detalló.
En ese contexto, aseguró que existe “un gran tema administrativo” que debe ser abordado con urgencia, junto con la implementación de nuevas herramientas legales que permitan ordenar el sistema.
