A comisión mixta pasará el proyecto de ley que busca rebajar la dieta parlamentaria.

Si bien la Cámara aprobó buena parte de las modificaciones introducidas por el Senado, hubo una de ellas que no logró el quórum necesario, por lo que será resuelta en una instancia integrada por diputados y senadores que tendrá la misión de resolver las diferencias.

En concreto, lo que se revisará en la mixta fue el artículo que fija la rebaja transitoria de los montos de los congresistas mientras se conforma un organismo autómono encargado de esta tarea. Esto luego que el Senado aprobara que fuera el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) el que determinara la rebaja, cosa que generaba el respaldo de los diputados de Chile Vamos, parte de la DC y parte del PPD. 

Sin embargo, sectores de la oposición -incluyendo algunos DC- y el Frente Amplio buscaban reponer lo aprobado en primer trámite por la Cámara: esto es, que la rebaja transitoria fuera de un 50%, sin tener que pasar por la ADP. 

Para entender la polémica es clave entender el concepto de dieta parlamentaria, que corresponde al sueldo que reciben los parlamentarios. Equivale al de los ministros de Estado y asciende a $9.349.851 (brutos), lo que se traduce en cerca de 6 millones líquidos, dependiendo de los descuentos previsionales y de salud con que cuenta cada representante. Este monto difiere de las asignaciones parlamentarias, que es otro monto que reciben los parlamentarios pero que está enfocado al desarrollo de su labor (traslados, viáticos), así como al pago de asesores y arriendo de oficinas. 

Actualmente, la remuneración de los parlamentarios equivale a más de 33 sueldos mínimos, situando a los legisladores chilenos como los mejor pagados de la OCDE. 

Es por esto que, de concretarse la rebaja del 50%, el sueldo bruto de los congresistas y otras autoridades quedaría en $4.674.925, lo que se traduciría en cerca de 3 millones líquidos, que dependerá en cada caso de los descuentos previsiones y de salud.

El proyecto incorpora otras autoridades en la rebaja: ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político. 

¿Por qué se va a una mixta?

Porque existieron diferencias entre lo aprobado por ambas corporaciones. 

El proyecto aprobado por la Cámara durante el primer trámite proponía rebajar en un 50% la dieta parlamentaria. Con esto, el monto mensual en bruto quedaría en $4.674.925, lo que se traduciría en cerca de 3 millones líquidos, que dependerá en cada caso de los descuentos previsiones y de salud con que cuenta cada representante.

Sin embargo, el Senado modificó lo establecido por la Cámara y dejó a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública la decisión del porcentaje de la rebaja. Esto, para que no fueran los propios parlamentarios -en tanto incumbentes-  quienes fijaran el monto. Esto, según determinó la Cámara Alta, deberá realizarse en un plazo de 30 días desde la publicación de la ley. 

Así las cosas, una vez que se logre una fórmula de consenso, esta tendrá que ser validada por ambas corporaciones. 

El tenso debate que marcó la sesión

Tal como ha ocurrido desde el inicio del debate por la rebaja, en 2014, que el tema ha enfrentado a los legisladores. 

Uno de los más duros fue el RN Luis Pardo, quien enrostró a sus pares del Frente Amplio, quienes son promotores del texto: "Es distinto saltar de la mesada del papá al mundo parlamentario (...) es distinto saber cómo se trabaja cuando uno desarrolla una carrera respecto de alguien que nunca ha estado en el mundo real

Gabriel Boric (Convergencia social) recordó que han pasado "seis años desde que diferentes sectores nos dijeran que era populista, que no entendíamos como funcionaba el trabajo acá, y creo que el tiempo ha hecho que lo que para nosotros era de sentido común hoy día se ha hecho un sentido común en este parlamento".

Si bien Boric se mostró partidario de que no sean los propios incumbentes quienes fijen los montos, planteó  su rechazo a que quede en manos del Consejo de Alta Dirección Pública: "ente externo compuesto por gente que vive en el barrio alto, que tienen a sus hijos en un colegio privado, va a pensar de forma parecida a como tradicionalmente piensan los parlamentarios. Esto también es un problema de clase".

En este sentido, advirtió que "si no le ponemos ningún criterio (a la rebaja) la van a pensar en como les afectaría la calidad de vida que llevan ellos mismos, que reciben seguramente sueldos bastante parecidos a los que recibimos hoy día. Y eso va a significar que la rebaja no va a ser significativa".

Revisa el detalle del debate ingresando a esta nota.

 

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