La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, durante la jornada de este jueves, el veto ingresado por el Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley despachado por el Congreso, que busca dar garantía y protección integral al ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El veto presidencial fue declarado inadmisible con 66 votos a favor, 59 en contra y la abstención del diputado Pablo Lorenzini. De esta forma, finaliza su tramitación.
Durante la discusión, la diputada Camila Vallejo acusó que "con este veto el Estado mantiene el incumplimiento de obligación internacional en materia de protección a la infancia".
"Una cosa es decir que se quiere proteger a los niños, niñas y adolescentes y otra cosa muy distinta es presentar un veto para suprimir esos derechos y para hacerlos menos efectivos desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado", señaló.
La normativa promueve la protección integral y el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con obligaciones específicas para los órganos de la administración del Estado y para la sociedad en su conjunto.
Se despachó al Ejecutivo desde la Cámara el 25 de junio pasado. Sin embargo, el Gobierno optó por no avanzar en su promulgación y presentar observaciones, las que se ingresaron a trámite el 21 de julio.
Qué buscaba el veto
El veto del gobierno se fundamenta, según dice, en que el proyecto aprobado contiene normas que podrían poner en riesgo ciertos principios y derechos fundamentales necesarios para cumplir a cabalidad con la ley, que es la creación de un nuevo sistema de garantías y la protección integral de la niñez y la adolescencia.
En tal sentido, tanto el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, como el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, podrían verse debilitados, según el Presidente. Ello, tras la introducción de normas que no consagran responsabilidad real y el rol protector primordial que los padres y/o madres deben cumplir.
Además, el documento dice que la ley, tal como fue aprobada, tiende a dificultar el ejercicio de derechos que ella misma concede. Cita como ejemplo que la representación jurídica, desde los inicios de cada procedimiento, volvería engorroso y burocrático al sistema, que persigue la atención oportuna de los menores.