El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, consideró que la reforma constitucional presentada por parlamentarios de Chile Vamos y el movimiento Demócratas sobre el pago que deben hacer las isapres a sus afiliados por cobros excesivos es “inviable”, y dijo creer que es solo un “instrumento de presión” para modificar la ley corta presentada por el Gobierno de Gabriel Boric.
“En boca de algunos representantes de Chile Vamos, este es un instrumento de presión, seamos sinceros. Es decir, el mundo de la derecha presiona a través de esta reforma constitucional, que tiene que ser aprobada por cuatro séptimos (4/7) (…) Aquí hay un interés de las isapres, que han tenido un daño de imagen”, dijo el senador del Partido Socialista (PS) en conversación con T13 Noche.
“Este proyecto de ley no tiene asidero porque simplemente desconoce, hace letra muerta, el fallo de la justicia, echa por tierra el decir que a las personas se les cobró de más. Y no puede ser que el sistema de isapres viva a expensas de cobros abusivos”, añadió.
“Yo creo que todo esto hace muy difícil que esa reforma constitucional tardía, logre prosperar. Yo confío, y espero, que sea el proyecto del Ejecutivo, con todas las mejoras que se puedan hacer, el que prospere, y tengamos isapres vigentes, fallo cumplido y no permitir que haya discontinuidad en la atención de las personas”, complementó.
El presidente de la instancia donde se deben discutir ambos proyectos que buscan dar solución al fallo de la Corte Suprema, que condenó a las isapres a pagar más de un billón de pesos a sus afiliados por cobros excesivos, dijo que había que trabajar sobre la propuesta del gobierno, que le da un plazo de seis meses a las isapres para presentar una propuesta de devolución del dinero.
“Este proyecto se puede mejorar, se pueden hacer enmiendas, pero es una columna vertebral concreta que permite dar cumplimiento al fallo, hacer que las isapres sean viables financieramente en el tiempo, y que nadie de los tres millones chilenos que están allí, dejen de ser atendidos”, explicó Castro.
“Están dadas todas las condiciones para dar las facilidades, las flexibilidades del caso para que, cumpliendo la sentencia que es del máximo tribunal, las isapres tengan solvencia económica para poder sostenerse. El espacio está abierto a dar cumplimiento al fallo y que las isapres tengan continuidad”, agregó.
La Superintendencia de Salud informó que las isapres deben más de 1,1 billones de pesos a 725 mil afiliados al sistema. Esta deuda es porque la instituciones de salud privada se rigieron por una tabla de factores de riesgo desactualizada, lo que hacía que cobraran más dinero que el correspondiente a sus afiliados.