El ingeniero comercial Jaime Villarroel Barros se convirtió en una pieza clave para el empresario gastronómico Andrés Astorga, quien fue bautizado como “El rey del weed”.
Villarroel, que en el ambiente era conocido como “Jimbo”, había decidido dejar Las Condes e instalarse en una parcela de Valle Alegre en la comuna de Quinteros Ese lugar lo convirtió en un “bunker”, donde comenzó a plantar y producir marihuana de manera clandestina.
Para sus cercanos, sin embargo, montó una historia de que esa droga era para abastecer a personas enfermas, cuyo producto funcionaba como un remedio o terapia. De esa forma se alineó con los intereses de Astorga para potenciar su negocio: el Dispensario Nacional.
Como el negocio estaba creciendo, y los principales socios de Astorga–Botanics MA–estaban presentando problemas con la distribución y el SAG los estaba acorralando con fiscalizaciones, el empresario gastronómico comenzó a construir la idea de tener otras plantaciones que pudieran abastecer los locales del Dispensario Nacional a lo largo de Chile.
Así, “Jimbo” se convirtió en su principal “proveedor”, según una de las escuchas telefónicas que captó el departamento OS.7 de Carabineros y que fueron adjuntadas en el informe reservado del 14 de abril que la policía elaboró para solicitar las detenciones de los más de 40 integrantes de esta red criminal.
De acuerdo al escrito, al que tuvo acceso Reportajes Teletrece, el 13 de enero de 2025, Astorga apareció conversando con otro de sus socios: Gino Athens. En el diálogo detallaron la relevancia de “Jimbo” y su plantación de “muy alta calidad” con capacidad de rendir hasta 100 kilos, cuyo galpón “podía solucionar el problema de stock” de los locales del Dispensario Nacional.
Dos días después, el 15 de enero, Andrés Astorga–líder de la organización–fue grabado por el OS.7 a las 21.23 horas hablando con un brazo operativo apodado “Dito”, a quien le reforzó la necesidad de integrar a “Jimbo” a este plan de agricultores para “controlar la calidad y flujo de la marihuana”.
Pero ese entusiasmo terminó de forma abrupta seis días después. El 21 de enero, cerca del mediodía, “Jimbo” llamó a Andrés Astorga para advertirle que su predio en Quinteros estaba rodeado por policías. “Sapearon las plantas”, fue una de las acusaciones que captó esa interceptación telefónica de 2025.
Tres horas después, Astorga comenzó a comunicarse con sus socios para avisar que “Jimbo” había sido detenido, lo que implicaba una “pérdida económica importante”. En su desesperación–sin darse cuenta–reveló a sus interlocutores que el cultivo de “Jimbo” era ilegal y que no contaba con permiso del SAG.
En esa seguidilla de llamadas, “El rey del weed” telefoneó a su socio Gino Athens, a quien le confesó que está con “depresión”. La caída de su agricultor estrella iba a generar una pérdida de 90 kilos. Una real tragedia para el negocio del Dispensario Nacional.
El parte policial estableció que a “Jimbo” se le incautó 210 plantas de cannabis y 19 kilos de marihuana elaborada, lo que tras la formalización, quedó en prisión preventiva.
El rol de “Saul Goodman” del Dispensario Nacional
Cada vez que la red de Andrés Astorga tenía algún problema legal o policial, la instrucción era llamar al abogado Hernán Bocaz, quien además de estar ligado a la agrupación, cumplía con la labor de asistir a los integrantes de esta red.
Así ocurrió con “Jimbo”. Bocaz lo representó durante las primeras audiencias en el Juzgado de Garantía de Quinteros en enero de 2025, permitiendo modificar la medida cautelar más gravosa.
El discurso y la estrategia parecía bien planificada: dentro de los antecedentes expuestos al tribunal y la Corte de Apelaciones de Valparaíso–a lo que tuvo acceso Reportajes Teletrece– refirió de una agrupación que se dedicaba al “cultivo colectivo medicinal y terapéutico de uso privado bajo la configuración de una corporación sin fines de lucro”.
En esa lógica, Bocaz argumentó–mediante un escrito presentado el el 28 de enero de 2025–que si bien la cannabis encontrada en la parcela de “Jimbo” es mayor, eso guardaría relación a la cantidad de “socios pacientes” de la corporación que cultivaban en conjunto su medicina, siendo alrededor de 300 personas.
“Del cannabis encontrado gran parte es lo que se denomina rastrojo, pues son tallos, hojas, ramas y demás separados de las sumidades floridas, y por lo tanto, no serían Cannabis en su definición legal, que contienen cantidades de THC ínfimas y que solo se guardan para ser posteriormente desechadas de forma segura”, se lee en el documento judicial.
Una definición totalmente distinta de acuerdo con las escuchas telefónicas asociadas a Andrés Astorga en la que definía a “Jimbo” como su mejor “agricultor” para continuar ampliando el negocio del Dispensario Nacional.
Y quedaba más. Dentro de los documentos presentados como recetas médicas y perfiles de los socios, el abogado Hernán Bocaz invocó la circular del SAG número 772 del 5 noviembre de 2024, la cual–según su punto de vista–autorizaba estas plantaciones bajo “cultivos agrícolas con fines industriales”.
En esa lógica, el oficio de la entidad gubernamental dejó establecido que se “entenderá como justificado” el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico, con la presentación de la receta extendida por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el tratamiento y forma de administración del producto que no podrá ser mediante combustión.
Explicaciones, que al parecer, hicieron sentido ante los magistrados en la causa de la Fiscalía de Quinteros, pues modificaron la prisión preventiva por arresto en su parcela.
La escucha de Camilo Huerta en que le instruyen llamar al abogado e invocar al SAG
Si bien, el imputado regresó a su búnker en Quinteros. Todos estos movimientos eran seguidos por el OS.7 de Carabineros. Las escuchas telefónicas advirtieron que “Jimbo” no dejó su labor como proveedor de Andrés Astorga, a pesar de su detención en enero de 2025.
Así, el 5 de mayo de ese año, “El rey del weed” fue captado instruyendo pagar una deuda con “Jimbo”. En ese diálogo se habló de transferir $1,5 millones, quedando un saldo para más adelante, reflejando que todo continuaba según la planificación.
El OS.7 definió a Jaime Villarroel, alias “Jimbo”, como un “agricultor integrado” al sistema de abastecimiento del Dispensario Nacional, al cual proveía “importantes volúmenes de cannabis” por lo que recibía “pagos periódicos” por dicha actividad a través de la sociedad Valle del Sol SpA.
Un mes después, en junio de 2025, entró en escena el modelo Camilo Huerta. La policía descubrió que el imputado estaba a cargo del local de Chicureo, pero tenía algunas dificultades: No tenía patente para operar y los locatarios vecinos no estaban conformes con la presencia del Dispensario.
Ante ello, un sujeto desconocido de la organización le indicó el libreto aprendido: llamar ante todo problema a Hernán Bocaz, el “Saul Goodman” de la organización. De acuerdo a la interceptación telefónica del 4 de junio de 2025, a las 19.42, Huerta recibió las instrucciones precisas si aparecía Carabineros.
“Su interlocutor le señala que cualquier cosa debe llamar al abogado de la Corporación Hernán Bocaz, siendo buena onda con los fiscalizadores”, se extrae del informe reservado del Ministerio Público.
“Las resoluciones del SAG son de la Corporación y con eso bastaría”, le aseguraron a Camilo Huerta para tenerlo en cuenta ante una eventual detención.
La nueva caída de “Jimbo” en enero de 2026: incautan 900 plantas de cannabis
Como un deja vu, Andrés Astorga recibíó la misma llamada de 2025: El 15 de enero de 2026, le informaron que “Jimbo” había sido detenido nuevamente en su parcela. Una segunda investigación de la Fiscalía de Quintero acertaba un nuevo golpe a su proceso de producción de marihuana. A pesar de que estaba con medidas cautelares por el mismo delito.
Pero en esta oportunidad, Andrés Astorga no se alarmó como en 2025. El líder de la agrupación había aprendido y tenía más recursos desplegados. Mientras organizaba la asesoría legal para ayudar a “Jimbo”, dejó entrever que “el tercer cultivo no fue detectado”, alertando al OS.7 de nuevos sitios que estaban usando para cultivar marihuana sin autorización.
El agricultor “estrella” de esta red de tráfico vip cayó con una plantación mayor que hace un año, mostrando que sus procesos nunca pararon. De acuerdo al parte policial 141 de la subcomisaría de Quinteros, “Jimbo” fue detenido con 900 plantas de cannabis y siete kilos listos para la venta.
En esa oportunidad, los abogados vinculados al Dispensario Nacional no pudieron evitar que el imputado quedara en prisión preventiva. Los argumentos de "cultivo medicinal" no fueron escuchados en los tribunales de la Región de Valparaíso.
A pesar del impasse, la nueva detención de "Jimbo" no alteró a la cúpula de esta red de tráfico VIP. Al revés, sus contantes problemas con la policía, provocaron que Astorga soltara a su mejor "soldado".
Así quedó en evidencia en una escucha obtenida el 22 de abril pasado por el OS.7: el empresario gastronómico mostró que estaba decepcionado de "Jimbo", quien pasó de ser su "agricultor" estrella a un verdadero problema.
Mientras Astorga se jactaba de haber sacado a varios integrantes de la cárcel, reveló que "Jimbo" fue, sin duda, el miembro que le generó más inconvenientes y en el que tuvo que gasta más recursos: $27 millones por una demanda. Por ello, decidió alejarse de ese proveedor, porque “estaba descontrolado”.
En ese diálogo, Astorga incluso le dijo a su interlocutor que el “negocio” crecía fuerte y un “gringo” estuvo dispuesto a pagar US$20 millones para comprar el Dispensario Nacional.
Oferta que rechazó.
Cuatro meses después de esa conversación, Andrés Astorga, el “rey del weed”, llegaba al mismo lugar de “Jimbo”: preso y enfrentando cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.
Esta vez, la llamada a Hernán Bocaz fue para que lo ayudara a él bajo el mismo libreto: una corporación vinculada a la medicina cannábica y que atendía a más de 16 mil usuarios, que según el mismo abogado, quedaron sin su tratamiento por la acción policial.
