Un total de $26 millones en su cuentas personales. Eso es lo que acusa la Fiscalía de Los Ríos y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al actual alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez, quien triunfó en la última elección municipal de 2024 en cupo UDI.
Entre lunes y martes, el jefe comunal en ejercicio será formalizado por los delitos de cohecho agravado y lavado de activos, pues se le acusa de recibir sobornos provenientes de proveedores de la municipalidad, que luego se adjudicaban millonarios contratos en la comuna.
En la investigación –que data de 2022– la fiscalía alzó el secreto bancario del alcalde Luis Reyes y allí encontró 196 transferencias entre 2017 y 2024, que suman $134 millones. De ese total, el Ministerio Público pudo establecer que al menos $26 millones tendrían un origen ilícito.
Pero no fue lo único. La revisión de sus cartolas también arrojó que, entre enero de 2017 y diciembre de 2019, se realizaron 20 transferencias por más de $15 millones por parte de Elizabeth Rosas Beroíza, quien es secretaria de la constructora de Héctor Meza Hermosilla, empresario que se adjudicó durante las gestiones de Reyes contratos por más de $1.800 millones para desarrollar obras en Río Bueno.
Según la fiscalía, los $26 millones que Reyes recibió en sus cuentas corrientes fueron blanqueados a través de varios mecanismos. “Efectuó transferencias, pagos con tarjetas, giros, emisión de cheques y adquisiciones, montos que fueron obtenidos aceptando cuentas puente, (...) trasladar fondos para dificultar su seguimiento o proporcionar explicaciones conscientemente falsas —asesorías privadas, aportes de campaña o negocios de madera— destinadas a conferir apariencia lícita a los ingresos”, acusa la querella del CDE.
A esta hora, la fiscalía y los querellantes exponen los antecedentes en contra del alcalde Reyes. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y se espera que el tribunal tome su decisión mañana martes.
En la audiencia, también fueron formalizados los empresarios Héctor Meza y su secretaria Elizabeth Rosas, Rodrigo Maluenda Ramírez, Juan Carlos Reyes y los funcionarios públicos Alejandro Rosas Cárcamo y Gladys Mancilla Albornoz.
Las alertas que ignoró Contraloría
En abril de 2023, la organización Chile Transparente, a través de su representante Svenja Bonnecke, ingresó una denuncia a Contraloría en la que alertaba acerca de posibles “irregularidades licitatorias, proveedores que concentraban órdenes de compra, falta de evaluación efectiva de las prestaciones y una empresa con querella del Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios”.
Se trataba de la empresa de Héctor Meza Hermosilla y su inmobiliaria Los Maitenes SpA, quienes este lunes están en el banquillo de los acusados por presuntamente sobornar al alcalde. Además, en la denuncia se advirtió acerca de los contratos adjudicados por la Constructora San Ignacio, propiedad de Juan Carlos Reyes, quien también enfrenta hoy cargos por coimas a Reyes.
La respuesta de Contraloría fue escueta: “Al respecto, se informa que los antecedentes expuestos, serán analizados para su incorporación en el proceso de planificación de futuras auditorías de esta Contraloría Regional”.
En mayo de este año, una denuncia anónima dirigida a la contralora Dorothy Pérez y a Carol Delgado Jeldres, contralora regional de Los Ríos, volvió a advertir acerca de la concentración de empresas que ganaban licitaciones en la Municipalidad de Río Bueno y de los hallazgos en las cuentas bancarias del alcalde Reyes, que fueron revelados por Mega Investiga.
“El cruce cronológico identifica coincidencias temporales entre licitaciones, órdenes de compra, obras municipales y movimientos financieros, incluyendo una base contractual de 27 órdenes de compra o licitaciones por $3 mil millones y una base financiera consolidada de 238 movimientos por $339.713.320. Esto constituye un antecedente suficiente para exigir que Contraloría contraste fechas de adjudicación, pagos, estados de avance, recepciones y garantía”, pedía la denuncia de mayo de este año.
Y agregaba: “Contraloría no puede desentenderse de estos antecedentes por existir una investigación penal. La Fiscalía investigará delitos. Pero Contraloría debe investigar legalidad administrativa, gasto público, probidad, responsabilidad funcionaria, cuentas, perjuicio fiscal y medidas correctivas”.
La denuncia fue recibida el 27 de mayo de este año y la respuesta –que tardó más de dos meses– llegó el 3 de agosto pasado. En el oficio, firmado por la contralora regional Carol Delgado, se desestimó iniciar una investigación y un pronunciamiento respecto a los hechos denunciados.
Los descargos: reiteración de denuncias y falta de personal
La autoridad regional de Contraloría argumentó que las investigaciones del ente y su actividad fiscalizadora deben ser “desempeñadas de acuerdo con una racional, eficiente e idónea administración de sus limitados recursos”.
“Esta Entidad Fiscalizadora ejerce sus funciones de control conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades según su trascendencia jurídica, económica y social, cuya preparación y desarrollo requiere de significativos recursos humanos, financieros y materiales que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar una fiscalización eficiente y eficaz” se lee en el oficio.
Por esa razón, el organismo comunicó que “esta Entidad de Control se abstiene, en esta oportunidad, de emitir el pronunciamiento requerido”.
En su respuesta, la contralora regional señaló también que “desde el año 2022, esta Contraloría Regional ha realizado diversas fiscalizaciones en el municipio de Río Bueno” y cita auditorías sobre adquisiciones de bienes en la gestión de la exalcaldesa Carolina Silva, sobre cuentas corrientes de la municipalidad y contratos de obras y licitaciones.
Cercanos a la contralora Carol Delgado, señalaron a Reportajes Teletrece que en las investigaciones y auditorías que inició el ente contralor se derivaron diversos antecedentes el Ministerio Público. Y que respecto a la denuncia de mayo de este año, se optó por no iniciar una acción por criterios de priorización interna de la sede regional de Contraloría, que cuenta con recursos humanos y materiales escasos.
Además, señalaron que existía una reiteración de denuncias sobre hechos similares en Río Bueno De todos modos, no descartan que el futuro se cursen acciones fiscalizados sobre el municipio de Río Bueno.
