Los diputados del Partido Socialista (PS) Juan Santana, Jaime Naranjo y Tomás de Rementería presentaron una reforma constitucional para modificar el acuerdo que permitió un nuevo proceso constituyente en nuestro país, en cuanto al tiempo de trabajo del Consejo Constitucional y sobre lo que dirá la papeleta en el plebiscito de salida.
La propuesta de los parlamentarios socialistas es disminuir de cinco a dos meses el tiempo de trabajo del Consejo Constitucional, que debe instalarse el 7 de junio y debería culminar su labor en noviembre de este 2023.
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La reforma propone que este órgano funcione solo por dos meses y que el plebiscito de salida, que decidirá si la ciudadanía aprueba o no la propuesta de nueva Constitución, se realice el 24 de septiembre y no el 17 de diciembre, como está establecido en el proyecto.
La otra modificación que buscan hacer los diputados PS al acuerdo amplio que se logró en diciembre pasado entre los partidos políticos desde la UDI hasta el Partido Comunista, es que la papeleta que se entregue en el plebiscito de salida de la opción de aprobar la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Comisión Experta.
El acuerdo firmado y aprobado en el Congreso dice que la Comisión Experta debe elaborar un anteproyecto y entregárselo al Consejo Constitucional. Luego este órgano podrá modificar la propuesta de la Comisión Experta que, de todos modos, al final del proceso podrá hacer algunos alcances al texto.
La modificación de los diputados socialistas propone que no solo ocurra esto, sino que también la ciudadanía pueda votar específicamente por la propuesta que entregue la Comisión Experta, que ha aprobado la gran mayoría de sus normas con un respaldo unánime de sus integrantes.
La propuesta de los representantes del PS se hace poco menos de un mes después de las elecciones para el Consejo Constitucional en la que el Partido Republicano obtuvo un contundente triunfo. La colectividad liderada por José Antonio Kast tendrá 23 de los 51 escaños del órgano, e incluso algunos de sus representantes han puesto en duda el respeto por las bases institucionales que también son parte del acuerdo.
