Política

Convención: Comisión aprueba derecho a seguridad social en manos de “entes públicos” y sin AFP

Agencia Uno
Por T13
La instancia que había rechazado la propuesta “Con mi plata No”, ahora respaldó la norma que fue impulsada por el colectivo “No más AFP”, y será votada en el pleno.

La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó, la tarde de este viernes, la norma que había sido impulsada por el colectivo “No más AFP” y que busca asegurar que el derecho a la seguridad social este en manos de entes públicos y no privados, como es actualmente.

"La gestión y administración del sistema serán públicas, y recaerán en entes públicos, autónomos, sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, dice la norma aprobada con 20 votos a favor y 12 en contra.

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De todos modos, la iniciativa ahora deber ser ratificada por el pleno de la Convención Constitucional para que quede establecida en el borrador de la nueva Constitución, para lo que se requieren 103 votos a favor.

El líder del movimiento “No más AFP”, Luis Mesina, celebró el respaldo a la norma en la comisión, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer.

"Nuestra propuesta no es un dogma de fe; es una tarea por restituir un derecho fundamental como es la seguridad social, que en Chile desgraciadamente hace 41 años perdimos, y parece razonable que los convencionales hagan los máximos esfuerzos para que esto quede consagrado en la Constitución", opinó.

"No se podría presentar una nueva Carta Fundamental si el negocio de la seguridad social sigue presente", agregó.

Más temprano este mismo martes, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó la propuesta “Con mi plata No”, que ingresó a la instancia como una iniciativa popular, la más votada en aquel proceso, pero solo tuvo ocho votos a favor.

Esta norma buscaba, principalmente, garantizar que los ahorros previsionales que actualmente están en las cuentas individuales de AFP sigan siendo de quienes lo ahorraron, además de permitir a las empresas privadas seguir participando como administradores de fondos de pensiones.

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