La deuda de $52.000 millones de concesionarios y arrendatarios de terrenos fiscales

Qué observar. El uso de los terrenos fiscales se instaló como una de las principales preocupaciones del gobierno del Presidente José Antonio Kast —y con números que explican por qué—. La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, fijó una hoja de ruta clara: ordenar la casa, regularizar propiedades del Estado y dar certezas jurídicas en un sistema tensionado por miles de casos pendientes.

• Ante la comisión de Medio Ambiente del Senado, el lunes Parot detalló la magnitud del problema, con 68 mil trámites de regularización de títulos de dominio acumulados a marzo de 2026 y 1.500 propiedades que han pasado al Estado por herencias vacantes —esto es, propiedades sin herederos que quedan en manos del Fisco—.
• Varias de estas han sido tomadas, traspasadas o derechamente utilizadas por funcionarios públicos, según advirtió la semana pasada el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. 
• El diagnóstico se cruza con otro dato que mencionó Parot: cerca del 50% del territorio nacional es de uso fiscal. En ese contexto, la ministra subrayó que el mandato de su cartera es “administrar y gestionar los bienes fiscales, llevar su catastro, regularizar la propiedad raíz y resguardar el patrimonio”, incluyendo la asignación de grandes paños para proyectos energéticos y la fiscalización de su uso.

Otro flanco. Pero la ministra también puso el foco en otro problema: las deudas acumuladas por concesiones onerosas, un flanco que —según dijo— representa un “problema gigantesco” para la cartera.

• Las concesiones onerosas son permisos que el Estado entrega a privados para el uso de terrenos fiscales a cambio de un pago —frecuentes en proyectos energéticos, inmobiliarios o productivos— y que hoy presentan altos niveles de morosidad.
• En términos formales, se trata del otorgamiento de un derecho de uso y goce sobre un bien fiscal con un objetivo específico, por un plazo determinado —que no puede exceder los 50 años— y a cambio de una renta anual.
• Estas concesiones pueden adjudicarse mediante licitación pública o privada, nacional o internacional, o de forma directa en casos debidamente justificados, y siempre están vinculadas al desarrollo de un proyecto acorde a las características del terreno, según el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.
• De acuerdo a un estudio de Carey, en el caso de proyectos de energías renovables, estas concesiones han sido clave para habilitar inversión en suelo fiscal, especialmente en el norte del país. De hecho, una orden ministerial dictada para este tipo de iniciativas introdujo condiciones más flexibles, como la extensión de plazos de concesión y de construcción, junto con mayores exigencias de garantías para asegurar el cumplimiento de los contratos.
• Parot detalló un plan de acción a 90 días que incluye “levantar un banco de tierras fiscales para ponerlas a disposición, ya sea para venta o desarrollo inmobiliario e industrial definir terrenos en la Región Metropolitana para procesos de venta y generación de liquidez a fin de entregar mayores recursos en un momento tan difícil para el país, y la revisión y los términos de las concesiones de uso oneroso energética”.
• Sobre este punto, advirtió: “tenemos morosidades por el no pago de estas concesiones y también de arriendos, por alrededor de $52 mil millones que están sin cobrar”.
• En concreto, parte de esta cifra corresponde a deudas por arriendos y por concesiones de uso oneroso, es decir, los pagos que deben realizar privados al Estado por el uso de terrenos fiscales bajo estas figuras contractuales. Según lo expuesto por la ministra, estos montos no pagados representan hoy un componente relevante dentro de los ingresos pendientes de recuperar por parte de la cartera.

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