Qué viene ahora: el Senado aprobó la megarreforma, pero la agenda económica de Quiroz recién comienza

Qué sucedió. El proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast superó este miércoles su jornada más decisiva en el Senado.

• El proyecto fue finalmente despachado con el respaldo de la base de 26 votos del oficialismo, que llegó al debate con uno más de los necesarios para aprobar las disposiciones de mayoría simple.
• El Gobierno debió recurrir a sus propios votos para las reformas emblemáticas del proyecto.

Cómo quedó la reforma. El texto mantuvo la reducción gradual del impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23%, luego de que Hacienda retirara su intento de llevar la tasa hasta 22%. El cronograma contempla una tasa de 25,5% en 2027, de 24% en 2028 y de 23% a partir del año comercial 2029.

• La iniciativa también repone gradualmente la integración del sistema tributario, crea una exención de contribuciones para la primera vivienda de los mayores de 65 años, compensa al Fondo Común Municipal y focaliza el crédito al trabajo formal en empresas que exporten servicios del conocimiento vinculados con la economía digital.
• El proyecto deberá regresar ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. La apuesta de Hacienda es que los diputados aprueben los cambios introducidos por el Senado y evitar así una comisión mixta. Para ello serán relevantes los votos del Partido de la Gente, colectividad con la que el Gobierno deberá volver a negociar.

La segunda apuesta. El despacho de la megarreforma no cierra la agenda económica del Gobierno. Por el contrario, permitirá que Quiroz concentre su atención en la que dentro de Hacienda definen como su “segunda gran apuesta”: la reforma al mercado de capitales.

• El proyecto se encuentra avanzado en su redacción, aunque todavía no tiene una fecha definitiva de ingreso al Congreso. Su diseño es encabezado por el coordinador de Mercado de Capitales de Hacienda, Eugenio Symon, quien ha trabajado con el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Su presentación se proyecta para el segundo semestre, una vez despejada la tramitación de la megarreforma.
• El objetivo será eliminar trabas regulatorias y tributarias que, según el diagnóstico del Gobierno y de la industria financiera, han reducido la profundidad del mercado local y limitado su capacidad para financiar proyectos, empresas medianas y nuevos emprendimientos.
• Uno de los asuntos bajo análisis es la forma en que se calculan los requerimientos de capital para la banca. Más que una reducción general de las exigencias prudenciales, el Gobierno y la CMF buscan avanzar hacia modelos que reflejen con mayor precisión el riesgo de las carteras de cada institución.

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La batalla laboral. El otro frente será más polémico. Aunque la agenda laboral será liderada formalmente por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, forma parte del programa económico con que Quiroz busca reactivar la inversión y la contratación.

• La Mesa de Reactivación Laboral, presidida por David Bravo, entregó a fines de junio un informe con 22 propuestas. Entre ellas figura extender el período utilizado para calcular el promedio de la jornada ordinaria desde las cuatro semanas actuales hasta 15 semanas, que es el promedio observado entre los países de la OCDE, o incluso hasta 52 semanas en determinadas actividades como el turismo.
• La recomendación mantiene el techo absoluto vigente de 52 horas semanales, sumando jornada ordinaria y horas extraordinarias. La diferencia es que permitiría trabajar más horas durante los períodos de mayor actividad y compensarlas posteriormente con semanas más cortas.
• Ante la polémica con las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, el Gobierno sostiene que no pretende modificar la reducción gradual de la jornada, que llegó a 42 horas en abril de 2026 y deberá alcanzar las 40 horas en 2028. El debate será sobre la distribución de esas horas dentro de ciclos más extensos, especialmente en actividades estacionales como la agricultura, el turismo y algunos servicios.
• También está la propuesta de indemnización a todo evento que comenzaría con los nuevos contratos y sería financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Los trabajadores actuales conservarían su sistema y solo podrían cambiarse mediante acuerdo entre las partes.
• A ellos se suman los contratos por hora, el trabajo remoto, cambios al rol de la Dirección del Trabajo, una revisión de la Ley Karin y un estatuto especial para el turismo, anunciado por Kast en su Cuenta Pública, que permitiría distribuir las jornadas con mayor flexibilidad durante las temporadas altas.

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Inversión y exportaciones del conocimiento. El tercer eje será acelerar la materialización de proyectos. El Ejecutivo informó que, entre el 11 de marzo y comienzos de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó 72 iniciativas por aproximadamente US$16.000 millones, con una proyección de hasta 46.300 empleos durante su ejecución.

• El desafío para el equipo económico será que las resoluciones ambientales se traduzcan efectivamente en obras. Para ello, el Gobierno prepara cambios sectoriales, entre ellos una reforma al Código de Minería, y busca reducir los tiempos de tramitación de permisos sin abrir nuevos flancos judiciales.
• A esta agenda se sumará el impulso a las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. La focalización del crédito al trabajo formal aprobada en la megarreforma apunta precisamente a empresas de la economía digital que exporten tecnología, programación, ingeniería y otros servicios profesionales.

Un escenario político más complejo. Cada una de estas reformas obligará al Gobierno a construir una mayoría diferente. La modernización del mercado de capitales tendrá una discusión principalmente técnica, pero podría abrir cuestionamientos sobre los riesgos de flexibilizar las exigencias a la banca.

• La agenda laboral será más conflictiva. Los gremios empresariales han impulsado varias de las medidas de adaptabilidad, mientras sindicatos, la CUT y sectores de la oposición advierten que los contratos por hora, la ampliación de los ciclos de jornada y la polifuncionalidad podrían aumentar la precariedad si no van acompañados de mejores salarios, protección social y negociación colectiva.