Fraude en pensiones de gracia del 18-O: primer formalizado del caso desaparece antes de la audiencia

Por qué importa. La respuesta enviada por el Juzgado de Garantía de Valdivia al exhorto del tribunal de Temuco mostró que Robinson Jaramillo Monje —uno de los dos ex pensionados de gracia del 18-O contra quien la fiscalía espera formalizar este mes cargos por fraude de subvenciones—, está inubicable.

• La situación adquirió gravedad ya que el tribunal podría decretar su prisión preventiva en la audiencia programada para el 24 de julio, dado su prontuario y la pena que arriesga en caso de ser condenado.
• La pena que arriesga es a cinco años de cárcel por los $6.896.461 que —de acuerdo con información de la Tesorería General de la República— alcanzó a recibir del estado por supuestamente recibir un tiro de un militar en el tobillo en Valdivia el año 2019.

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• Sus lesiones, sin embargo, no eran concordantes con munición militar ni policial, consignó El Mercurio.
• Su prontuario incluye una condena a tres años de prisión, sustituida por libertad vigilada, por abusar sexualmente en 2009 de una niña de seis años en Valdivia, dio a conocer el año pasado a La Tercera.
• En 2010 fue también condenado, en un procedimiento simplificado, a pagar una multa y alejarse de la casa de su pareja por agredirla el 27 de septiembre de 2009 en Valdivia, dijo la resolución judicial.

Inubicable. El exhorto enviado el 9 de junio por el Juzgado de Garantía de Temuco al tribunal de Valdivia para buscar a Jaramillo Monje advirtió que “si no comparece se puede decretar su detención”.

• La respuesta del 23 de junio consignó que el funcionario a cargo de ubicarlo dijo que “constituido en el domicilio señalado, persona adulta me informó que la persona requerida no vive / no trabaja allí”. Luego precisó que la mujer que entrevistó ser excusó de firmar y le dijo que “la persona requerida no es conocida en el inmueble”, consignó el documento disponible en el sitio del Poder Judicial.

La formalización. La formalización de cargos a dos de los 418 pensionados de gracia del 18-O espera mostrar el primer resultado judicial del caso, luego de que en enero de 2024 el fiscal nacional Ángel Valencia encargara al Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén indagar a las falsas víctimas de brutalidad policíaca y militar durante el estallido social, que recibían el beneficio.

• A Jaramillo Monje, 58, se suma Francisco Gatica Catalán, 33, quien en 2019 fue supuestamente víctima de trauma ocular en Temuco. Sus lesiones, concluyó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) casi cinco años después querellarse en su favor, habían ocurrido en un accidente de tránsito.
• A ambos se les revocó el beneficio en 2024, tras estallar el caso. Gatica Catalán alcanzó a recibir $7.341.227 y Jaramillo Monje, $6.896.461, mostraron los registros de Tesorería.

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• Gatica Catalán recibió el beneficio durante el gobierno pasado y recibió un alza en la administración del Presidente Gabriel Boric (que entregó 270 pensiones de gracia). A Jaramilo Monje se le asignó durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera (que otorgó 148).
• La audiencia por fraude de subvenciones fue solicitada el 9 de junio por el fiscal Carlos Eltit y quedó fijada para el 24 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Panorama general. La causa penal se abrió luego de que Ex-Ante revelara la existencia de beneficiarios que tenían la doble calidad de presuntas víctimas e imputados en una misma secuencia de hechos.

• Uno era Gabriel Allende, que en octubre de 2019 recibió tiros de perdigón en Curacaví tras arrojar una molotov a Carabineros. Alcanzó a recibir $5.894.124, antes de que le revocaran el beneficio.
• A esto se sumó el informe 419 / 2023 de Contraloría, que identificó 58 casos con prontuario previo por “estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.
• Tras esto, se revocaron 28 pensiones de gracia.
• Ambos grupos recibieron los beneficios porque ni el INDH que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales. La explicación que dieron fue que esto no era un requisito legal.
• Los casos fraudulentos se entremezclaron así con otros acreditados como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego en 2019 por un tiro policial.