Licencias médicas: cómo el escándalo de los viajes al extranjero terminó con la expulsión del juez Urrutia del Poder Judicial

Lo nuevo. La Corte Suprema alcanzó el quorum de 11 votos para remover al controversial juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, 52, quien —salvo que recurra a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— terminará así una carrera de 26 años en el Poder Judicial.

• La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich informó este miércoles que, tras revisar cinco casos pendientes, se aprobó remover a tres jueces (uno por decisión unánime y dos por votación divida), los que se sumaron a los 15 magistrados ya expulsados, llegando a un total de 18. Entre los casos con votación dividida estaba Urrutia, adelantó La Tercera y radio Biobío.
• La decisión se oficializó luego de que, tras volver de vacaciones, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Roberto Contreras sumara su voto al de los demás ministros que sufragaron en el pleno del lunes 19.
• Ese día se explicó que dado que Contreras había estado presente en los alegatos de los jueces sometidos a cuadernos de remoción, debía concurrir en la resolución en que se decidiría si Urrutia debían ser expulsado por infringir el artículo 80 de la Constitución que busca resguardar el buen comportamiento de los magistrados.
• Con la nueva remoción, la Suprema sumó 16 jueces expulsados, en una ofensiva impulsada por Chevesich para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, en medio de los escándalos de corrupción que lo han afectado.
• La decisión ocurrió pese a los sucesivos intentos de Urrutia de evitar llegar a este escenario. Estos incluyeron la interposición de dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) y a la audiencia solicitada para que la fiscalía sobreseyera la causa en su contra por fraude de subvenciones.
• A estos se sumó el ingreso de una denuncia de tutela laboral contra la Corporación del Poder Judicial representada por la ministra Chevesich. En ésta pidió $77 millones por daño moral y solicitó suspender el procedimiento de remoción en su contra. En la denuncia argumentó también que había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago por los casos que revisó el máximo tribunal.
• Su último intento consistió en un recurso de nulidad procesal, donde argumentó que la votación para removerlo se hizo sin seguir el orden de antigüedad que establece el Código Orgánico de Tribunales.
• La expulsión de Urrutia se resolvió por realizar dos viajes estando con licencia médica —uno a Costa Rica, en 2020, y otro a Ecuador, en 2022. El segundo, a la localidad amazónica de Tena, lo hizo para recibir terapias alternativas cuando estaba con licencia tras múltiples controversias, entre otras, su llamado a “refundar” el Poder Judicial.
• Los 18 jueces removidos a la fecha quedaron inmediatamente suspendidos de sus funciones a la espera de la redacción del fallo.

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Su carrera. Daniel David Urrutia Laubreaux, 52, nació en 1974 en Santiago. Estudió derecho en la U. de Chile e ingresó al Poder Judicial el 2000.

• Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina en 2001; de Ovalle en 2003 y de Coquimbo en 2004. En 2006 llegó al Séptimo Juzgado, donde ha desarrollado gran parte de su carrera.
• Su perfil controversial se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos.
• Urrutia lo aprobó y envió a la Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada”.
• La respuesta de Urrutia fue acusar una persecución y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2020 el tribunal internacional emitió una resolución en que consideró responsable internacionalmente al estado de Chile de violar su “libertad de pensamiento y expresión”.
• Más tarde comenzaría a acuñar una idea que repetiría en 2021 en la disuelta Convención Constitucional: la necesidad de refundar el Poder Judicial.

La “primera línea”. El 25 de marzo de 2020 resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total.

• El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.

Presos del 18-O. Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O.

• “Sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
• El 23 de junio de 2021, el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado.

Lenguaje inclusivo. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11 detenidos durante una manifestación por los presos del 18-O.

• La resolución llamó la atención por su redacción. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un debate por el lenguaje inclusivo.

Beneficios a narcos. Tras una visita a la Cárcel de Alta Seguridad realizada el 19 de enero de 2024, ordenó a Gendarmería otorgar beneficios carcelarios a 13 reclusos, como videollamadas, pese a que entre los internos había narcos y miembros de bandas de crimen organizado, que podían usar las llamadas para entregar información delictual. La corte revocó la medida.