Lo que hay tras la decisión del fiscal Cooper de cerrar el caso Sierra Bella sin formalizados

Qué observar. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tomó este lunes la decisión de no perseverar en la investigación en contra de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en el marco del caso Sierra Bella. La exedil era indagada desde 2023 como imputada por el presunto delito de fraude al fisco y malversación de caudales públicos en la fallida compra de una clínica por parte del municipio que encabezaba.

• “Con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación, y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, se lee en el documento que Cooper presentó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
• El tribunal deberá fijar una audiencia para debatir la decisión del fiscal, instancia que podría acontecer en los próximos días y en la que Cooper deberá presentar los fundamentos de su decisión.

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Lo que implica. Con esta determinación, el caso —en el que todavía no había formalizaciones— queda prácticamente cerrado, aunque la Fiscalía podría reabrirlo si es que surgen antecedentes relevantes para la investigación en un plazo máximo de cinco años.

• Asimismo, con la decisión, Hassler, quien aspira a ser candidata a diputada por el distrito 10 —aunque no ha sido ratificada por el PC—, queda libre de cargos. Permanecerá como testigo en la causa Chinamart, derivada de Sierra Bella.
• “Hace más de dos años que inició esta investigación y que ha tenido filtraciones sistemáticas y malintencionadas para generar un daño político y un daño electoral. Esta causa, sin duda que se podría haber cerrado mucho antes, sin embargo, se mantuvo abierta hasta después de las elecciones municipales”, planteó la exalcaldesa en un video durante esta jornada.
• Cooper tampoco perseverará en la investigación contra el exsecretario comunal de planificación, Luis Mayorga, ni contra los tasadores Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda, quienes se habrían puesto de acuerdo para fijar un precio para la compra de la exclínica, que debía bordear los $8.200 millones.
• El que no continúe la investigación hacia los funcionarios generó sorpresa en el municipio que actualmente lidera Mario Desbordes (RN), donde se evalúa un recurso oponiéndose al uso de la facultad de no perseverar por parte del persecutor.

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Ofensiva oficialista. El pasado 24 de marzo, 10 parlamentarios oficialistas —3 del PC, una de AH, 3 del FA, 2 del PS y una ind-PPD— presentaron ante la Corte Suprema una solicitud para remover a Patricio Cooper del Ministerio Público.

• En el escrito argumentaron que la Fiscalía actuó de manera desproporcionada al allanar el domicilio de la diputada Karol Cariola (PC) tras tener a su primer hijo. Además, apuntaron que en la indagatoria existió negligencia manifiesta, que comprometía la credibilidad del ente persecutor.
• Para entonces ya se habían levantado dudas sobre la versión de Cariola y su pareja el diputado Tomás de Rementería (PS), quien dio a entender que la PDI había llegado al hospital a requisar el celular de la diputada mientras ella estaba en trabajo de parto, lo que resultó ser falso.
• La solicitud de los diputados para derribar a Cooper —la cuarta en contra de un fiscal regional en los últimos cinco años— fue acogida a trámite por la Suprema y quedó en manos de la jueza Mireya López.
• Entre el 6 y el 9 de mayo se realizó la rendición de pruebas, donde la defensa de Cooper, liderada por el abogado Matías Insunza, respaldó su manejo del caso y deslizó que las filtraciones ocurrieron luego de que las partes recibieran las carpetas investigativas.
• Fuentes del máximo tribunal sostienen que López ya concluyó su informe sobre el caso y en los próximos días se citará al pleno de la Corte para los alegatos de las partes y la resolución final. A nombre del PC quien alegará será la abogada de Derechos Humanos Karinna Fernández, quien estuvo en la terna para la Fiscalía Nacional.
• Se requieren 4/7 de los miembros del tribunal para aprobar la solicitud.

El caso ProCultura. El 16 de mayo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió apartar a Cooper del caso ProCultura, que investigaba desde junio de 2024, cuatro horas después de que la Corte de Antofagasta declarara ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, y las excluyera de la carpeta investigativa.

• En el fallo, el tribunal había planteado que “se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.
• Pese a la remoción, el fiscal Juan Castro Bekios, sucesor de Cooper, comunicó la decisión de recurrir ante la Suprema cuatro días después, lo que se leyó como una señal de respaldo al anterior persecutor.
• Fue en la investigación del caso ProCultura que los partidos de Gobierno iniciaron otra ofensiva en su contra luego de que se conociera que interceptó el celular del ex asesor presidencial Miguel Crispi e intentó sin éxito intervenir el del Presidente Gabriel Boric.
• Patricio Cooper además dirige la indagación por la fallida compraventa de la casa de Allende, cuestión que lo ha transformado en un persecutor incómodo para La Moneda y el oficialismo.