Qué implica que la Cámara haya rechazado las multas para quienes no voten

Por qué importa. Este martes, a 75 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputados rechazó —por 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones— establecer multas a quienes no voten, en el marco de la votación en particular del proyecto que regula el voto obligatorio, presentado en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas). La norma no alcanzó el quórum de 77 votos que requería por tratarse de una ley orgánica constitucional.

• La iniciativa establecía multas de entre $33.000 y $210.000 para quienes no sufraguen, pero sólo para los ciudadanos chilenos y extranjeros nacionalizados. Actualmente, pueden votar en elecciones nacionales y municipales los extranjeros que tengan al menos cinco años de residencia definitiva o temporal.
• Se trata de una iniciativa intermedia, pues como ha planteado Pérez, el Gobierno no tenía intenciones de aprobar las multas para asegurar la obligatoriedad del voto, menos aún para inmigrantes.
• En línea con el proyecto, la derecha busca que la obligatoriedad del voto incluya a ciudadanos extranjeros, y que se multe al menos a los chilenos. En el Gobierno quieren mayores requisitos para que los migrantes puedan participar en los comicios y han planteado que solo puedan votar en elecciones municipales.
• Sin una sanción, la obligatoriedad queda sólo en el papel.

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Acuerdo fallido. Este lunes, el timonel de la Cámara, José Miguel Castro (RN), la diputada Pérez y el presidente de la comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR), se reunieron con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (ind), se reunieron para abordar la tramitación del proyecto.

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• Al salir del encuentro, Castro señaló que el Ejecutivo apoyaría la iniciativa de la parlamentaria de Demócratas y que, en paralelo, se presentaría en el Senado una propuesta de reforma constitucional para regular el voto de los extranjeros. “Ha sido un buen trato con la Segpres”, dijo el presidente de la Corporación.
• Una de las alternativas que se conversó fue ampliar de cinco a 10 años el requisito de avecindamiento para que los inmigrantes puedan participar en elecciones. Esta reforma regiría para los próximos ciclos electorales y no para las elecciones de noviembre y diciembre, puesto que el padrón del Servicio Electoral ya está definido.
• Así, Castro citó para este martes a una sesión especial para votar la iniciativa, esperando contar con el respaldo del oficialismo, que en horas de la mañana había dado señales de sumarse a la negociación que había realizado el Gobierno.
• Sin embargo, los parlamentarios del bloque se desmarcaron del acuerdo y, aunque aprobaron uno de los artículos del proyecto —el que establecía normas para vocales de mesa—, rechazaron las multas por no votar.
• La bancada del PC y gran parte del FA votaron en contra. El PS y el PPD se repartieron entre rechazar el proyecto y abstenerse. Mientras, en la oposición se apuntó a la ausencia de los diputados del PNL Gonzalo de la Carrera y Cristóbal Urruticoechea, Érika Olivera (Demócratas), Chiara Barchiesi (Rep) y Jorge Durán (RN).
• “El Gobierno no cumple su palabra (…) y, por sobre todo, también creo que no cumple la Constitución, y eso es más grave, porque aquí hay un mandato constitucional de un voto obligatorio”, expresó Joanna Pérez tras la votación.

El futuro del proyecto. Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde será revisado por la comisión de Gobierno, que preside la senadora socialista Paulina Vodanovic. Es en esa instancia donde se espera que, a través de indicaciones, se repongan las sanciones por no ejercer el sufragio.

• Así lo expresó la ministra Lobos tras la sesión. “Vamos a perseverar en que esto se pueda reponer en el Senado y también ingresar la reforma constitucional que hemos comprometido, para avanzar en paralelo”, sostuvo.
• Fuentes parlamentarias dan por hecho que debido a que tanto en la derecha como en parte de la centroizquierda hay consenso en la necesidad de las multas, éstas se repondrán en la Cámara Alta.
• En el Ejecutivo estiman que durante la primera quincena de octubre —un mes antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias— podrían estar aprobadas ambas iniciativas.
• Los plazos son acotados, pues el proyecto de la diputada Pérez recién pasará a comisión la próxima semana. La siguiente serán las Fiestas Patrias y la posterior será semana regional, por lo que la discusión podría retomarse recién a inicios de octubre, para luego pasar a sala. De aprobarse, la iniciativa volvería a la Cámara para su votación final en tercer trámite.
• En caso de que el Senado despache el proyecto sin las multas, el Presidente Gabriel Boric podría ingresar un veto que las añada, tal como en 2024 antes de las elecciones municipales y regionales.

Las trabas de La Moneda. Hasta esta tarde, el foco de la discusión estaba puesto en la situación de los extranjeros que tienen derecho a voto, a los que el Ejecutivo se ha opuesto a sancionar por no sufragar. En marzo, el oficialismo ya había fracasado en el intento al presentar una indicación para que los extranjeros residentes sólo pudieran votar en elecciones municipales.

• La medida fue declarada inadmisible porque no correspondía discutirlo mediante una simple indicación sino a través de un proyecto de ley independiente.
• Durante meses, el Gobierno postergó y no puso urgencia a establecer multas a quienes no voten. La reforma constitucional de enero de 2023 estableció el voto obligatorio, pero se determinó que una Ley Orgánica fijara las multas correspondientes.
• En junio, el Senado aprobó un proyecto que fijaba multas, a quienes no votaron, de 0.5 a 5 UTM ($34.000 a $340.000 ), sin distinguir chilenos y extranjeros. La iniciativa fue rechazada por La Moneda que advirtió reserva de constitucionalidad, ya que implicaba gasto fiscal y debió haber pasado por la comisión de Hacienda.
• Durante el debate del proyecto de Pérez en la comisión de Gobierno Interior, no hubo asistencia de representantes del Gobierno, lo que generó cuestionamientos entre los diputados.

La lección de Lagos. En vísperas del inicio de la campaña presidencial de 2005, el entonces Presidente Ricardo Lagos reaccionó con molestia frente a versiones de que estaría dispuesto a cambiar las reglas del juego para poder ser reelegido.

• “Nadie en mi entorno ha planteado eso nunca. ¿Y sabe usted por qué? Porque eso tiene que ver con la ética pública ¿y sabe usted por qué? Porque ése es un debate que no conoce la calidad ética y los valores en los cuales yo y mis colaboradores estamos formados. Yo he sido elegido con determinadas normas”, señaló Lagos.
• “No se cambian las normas en beneficio propio, se cambian normas para los que siguen. Y en consecuencia, creo que este debate es una falta de respeto (..) lo hacen aquéllos que no tienen los mismos principios éticos y morales”, añadió.