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Bukele afirma ante la ONU que El Salvador es un "referente" en el combate a las pandillas

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"Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre" en El Salvador, sobre todo "en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras partes", sostuvo Bukele.

El Salvador ha pasado de ser la "capital mundial del crimen" a ser "referente de algo positivo" con su guerra contra las pandillas criminales, dijo el martes el mandatario Nayib Bukele en la tribuna de la asamblea general de la ONU.

"Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre" en El Salvador, sobre todo "en América Latina, pero también en Estados Unidos y en otras partes", dijo eufórico, porque el país centroamericano pasó de ser "literalmente el país más peligroso del mundo, a ser el "más seguro" del continente, solo por detrás de Canadá.

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Bukele, arropado por su esposa y su hija, no quiso dar ninguna fórmula. Dijo que los gobiernos "deben tomar sus propias decisiones y reafirmar sus derechos" y "utilizar el sentido común".

Tras 4 años de gobierno, dijo, es la primera vez que en 202 de historia, el país "más pequeño del continente americano ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza".

Y esos sueños pasan por que las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf y que muchos emigrantes deseen volver, según explicó.

Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas que controlaban barrios, se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de droga, lanzada en marzo de 2022.

En 17 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, cerca de 72.600 presuntos pandilleros han sido detenidos, para lo que hizo construir una megacárcel para más de 40.000 personas.

Más de 7.000 inocentes han sido liberados, según las autoridades.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1.600 menores.

"Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerles su forma de hacer las cosas, menos cuando éstas ni siquiera funcionan en nuestros países", advirtió.

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