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Alcalde de Rancagua -imputado por corrupción- cobraría "diezmo" por licitaciones

T13
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Más de siete mil páginas con evidencias tiene la Fiscalía para acusar al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, de cometer delitos de corrupción. Este jueves se levantó el secreto de la investigación y estas son las pruebas que complican a la máxima autoridad de la comuna.

Cuando la brigada anticorrupción de la PDI entró a la casa del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en marzo pasado, encontró casi 6 millones de pesos guardados dentro del cajón del velador del dormitorio principal. Estaban todos juntos en billetes de 20 mil pesos. Para la Fiscalía, esa plata no está justificada.

Ante la prensa, el jefe comunal aseguró que se trataba de dinero que necesitaba en efectivo para comprar medicamentos, pero a la PDI le dijo que era para el pie de una casa que se quería comprar.

Los detectives pasaron después por su oficina en la municipalidad y tuvieron que descerrajar un cajón con llave en su escritorio para encontrar otro 1 millón 300 mil pesos en billetes. Ese monto, de acuerdo a la carpeta investigativa del Ministerio Público, nunca tuvo como propósito su uso para gastos propios de la comuna.

"Son francamente humillantes para la ciudad, preocupantes, que no nos sorprenden mucho a nosotros, ya que hemos venido haciendo un trabajo de denuncia constante en Contraloría", afirmó Emerson Avendaño, concejal de Rancagua.

Este jueves se levantó el secreto de la investigación contra la máxima autoridad de Rancagua, quien está imputado por los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos en la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso T13.

Llama la atención la compra en de una camioneta Mazda CX9 en 32 millones de pesos. Era el vehículo que Godoy utilizó apenas asumió como alcalde de Rancagua.

Las sospechas de la fiscalía se instalaron en esa transacción, porque no la pagó el edil, sino que un conocido empresario de la zona, que ofrece servicios de guardias de seguridad. ¿Por qué él le habría de pagar el auto a Godoy?

"Y no solamente esa empresa. Hay una serie de empresas más de cercanos al alcalde que se adjudicaron vía trato directo, vía licitaciones, con presentación de certificados falsos, documentos adulterados y así. Desde el 'día uno' que hemos estado haciendo las denuncias, se han venido cometiendo irregularidades tanto en el municipio como en otras corporaciones", afirmó el concejal Hugo Guzmán.

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Lo que investiga la fiscalía es que esa misma empresa de nombre Bod Seguridad, terminó facturando 130 millones de pesos al municipio, pero podrían ser más. La defensa del alcalde sostiene que es todo mentira.

"Vamos a presentar querellas criminales por obstrucción a la investigación y por las acusaciones falsas. Pero en definitiva, esa investigación demuestra que no existen irregularidades en la gestión municipal", señalaron desde la defensa de Godoy.

En diversos interrogatorios, el fiscal Nicolás Núñez pudo recoger testimonios de cercanos a Juan Ramón Godoy que sostienen que el alcalde les cobraría un 10% de comisión entre comillas por los trabajos ofrecidos mediante la corporación o la municipalidad vía trato directo o licitación pública, una especie de "diezmo". 

Dentro de las declaraciones que pudo revisar T13, destaca la de un cercano al edil de Rancagua que asegura que financió su campaña con 4 millones de pesos a cambio de contratos públicos para su empresa.

En agosto del 2022, Reportajes T13 ya había revelado una serie de contratos del alcalde Godoy con amigos.

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A través de una declaración en video, Godoy afirmó "categóricamente que (las acusaciones) son completamente falsas y forman parte de una campaña política malintencionada para dañar nuestra confianza y el trabajo que hemos construido juntos".

"Estas acusaciones están llenas de mentiras y tergiversaciones y detrás de ellas hay intereses que no representan el bienestar de nuestra comuna", añadió.

Los próximos pasos de la fiscalía regional de Rancagua consisten en citar a declarar al alcalde Godoy, lo que podría ocurrir dentro de las próximas semanas en una causa por posibles delitos de corrupción que ya acumula casi dos años.

 

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