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Bienes Nacionales: ¿Dónde y cómo denunciar cuando impiden el libre acceso a una playa?

Bienes Nacionales: ¿Dónde y cómo denunciar cuando impiden el libre acceso a una playa?
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Los dueños de terrenos colindantes que impidan el paso a playas por accesos ya fijados, se exponen a multas que pueden llegar hasta las 100 UTM, es decir, a más de $6 millones.
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Con la temporada estival en pleno desarrollo, las playas de mar, ríos y lagos son los destinos preferidos para muchos turistas durante las vacaciones.

A pesar de que estos lugares corresponden a Bienes Nacionales de Uso Público, aumentan las denuncias respecto a problemas de accesos, tales como cierres, prohibición de ingreso e incluso cobro de entrada para acceder a ellos.

Ante la dificultad o imposibilidad de poder acceder a estos lugares, el ministerio de Bienes Nacionales recordó que toda persona puede hacer una denuncia a través de su sitio webwww.bienesnacionales.cl, donde está dispuesto el banner “Playa Segura de Todos”, donde hay un formulario e información general sobre este tema. 

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También se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales de cada región, o bien, en las delegaciones presidenciales o municipalidades, las que luego son derivadas a Bienes Nacionales.

Es importante recordar que los casos denunciables son cuando:

  • No existe ningún tipo de acceso a la playa.
  • Hay un acceso único que se encuentra cerrado.
  • Un tercero impide, controla o cobra por el acceso.

Multas:

La ley contempla multas para quienes no colaboren con garantizar el acceso a las playas. Por ejemplo, cuando un acceso ya fue fijado a través de una resolución, el dueño del terreno está obligado a cumplir con la normativa, no puede cerrar este camino, ni impedir el paso o cobra por ello. 

En esos casos, se expone a multas que pueden llegar a las 100 UTM – más de $6 millones – y de 200 UTM en caso de reincidencia. 

Es distinto cuando no hay ningún acceso a la playa. En esas situaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales revisa el caso y sus equipos técnicos fiscalizan la zona. Dichos antecedentes son analizados junto a la Delegación Presidencial Regional correspondiente para fijar un acceso, un trabajo que incluye el diálogo con los dueños de terrenos colindantes y representantes de los sectores que dan distintos usos a la zona costera, como el sector turístico, sindicatos de pescadores y recolectores de orilla, deportistas, vecinos, etc.

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