Contraloría detecta que existen 485 funcionarios suspendidos por sumarios que aún reciben sueldo
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La Contraloría General de la República detectó 485 funcionarios públicos de la Administración Central (no incluye municipalidades) que se encontraban suspendidos preventivamente por sumarios administrativos, pero seguían recibiendo sus remuneraciones.
Se trata de suspensiones que se produjeron entre 2020 y marzo de 2026, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25.
En el informe detallan que la principal alerta apunta a "la prolongada duración de algunas de estas medidas".
Esto, considerando que 13 funcionarios se encontraban suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en esa condición.
En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva.
El caso más extenso corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión llegaba a una duración cercana a los cuatro años y siete meses.
Más atrás aparecen casos en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses; y el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
En el informe también se reveló que 22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII).
"Según los datos recopilados, el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión", indicaron.
Desde la entidad detallan que "cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras".
Contraloría continuará tramitación
En el informe se dispuso que los 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados desde donde se originaron y pasarán a ser tramitados por Contraloría.
Así, se buscará "determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance".
Respecto a las entidades que mantienen funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán informar el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su conclusión. Lo anterior, en un plazo de 15 días hábiles.
Investigaciones relacionadas a informe de Contraloría
El informe también da cuenta de dos funcionarios que se encontraban con sumario administrativo y que, en ese período, también cumplían con una medida cautelar de prisión preventiva.
Otro caso se refiere a que el fiscal que decretó una suspensión preventiva también se encontraba en esa condición.
Además, 20 funcionarios cuentan con sumarios que están cargo de un fiscal que ya no trabaja en el servicio.
Lo anterior complejiza el término de las suspensiones preventivas.
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