Nacional

Buscan evitar que cuatro condenados por violación y homicidio obtengan libertad condicional

Agencia Uno
Por T13
La Fundación Amparo y Justicia emitió un comunicado en que su presidente, Ramón Suárez, se mostró reacio a la aprobación de dicha medida.

Los jueces y ministros de las Comisiones de Libertad Condicional de las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana tendrán que decidir durante los próximos días si otorgan o no el beneficio de libertad condicional a Carlos Silva Valenzuela, Luis Miguel Carrasco Tapia, Hugo Gómez Padua y Cristián Andrés Vilos Valenzuela, cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos contra dos niñas, un niño y una adolescente, entre 1998 y 2001.

Desde 2018, las comisiones respectivas han denegado la libertad condicional a estos sujetos, considerando –entre otras razones– su peligrosidad para la sociedad. 

"Desde 1998 que hemos actuado en calidad de intervinientes en las investigaciones y juicios de prácticamente todos los casos de violación con homicidio contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en nuestro país", precisó en un comunicado Ramón Suárez, abogado y presidente de Fundación Amparo y Justicia.

En este sentido, agregó que "por este motivo, no sólo tenemos conocimiento de la gravedad de los hechos, sino que también, de los rasgos de psicopatía y de trastornos de personalidad que arrojan los exámenes psicológicos y psiquiátricos practicados a estos ofensores".

"Aún cuando la libertad condicional es un beneficio deseable en el marco de la promoción de la rehabilitación y reinserción social de los condenados, respecto a esta categoría de penados por delitos graves que afecten la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, creemos que se deben tomar resguardos especiales al momento de evaluar y conceder beneficios que pretenden reincorporarlos al medio libre”, precisó Ramón Suárez.

"Es urgente que la reforma a la Ley de Libertad Condicional que, actualmente se discute en el Congreso, incluya estos resguardos como también resulta esencial consagrar legalmente la facultad de la víctima y sus familias de ser escuchada y de ser oída en los procesos de libertad condicional", dijo el abogado.

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En este sentido, mencionó que al tratarse de agresores sexuales que han cometido delitos de la magnitud expuesta, "la obtención de este beneficio constituye un riesgo permanente y puede alterar significativamente el bienestar de las víctimas, sus familias y de la comunidad, por la alta probabilidad de reincidencia".

Un ejemplo de este riesgo de reincidencia es el caso de Gómez Padua, consignó Fundación Amparo y Justicia en el comunicado.

"En 1976 fue condenado por violación con homicidio de una niña de 9 años en Colombia y, precisamente, gozaba de libertad condicional en su país cuando quebrantó el beneficio y entró irregularmente a Chile en 1995", se cita en el texto.

Y se añade: "Cuatro años después, violó y asesinó a una niña de 10 años en Santa Cruz. Hoy, nuevamente postula a la libertad condicional". 

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