Nacional

Gobierno nombra a Pablo Urquízar como nuevo coordinador nacional de macrozona sur

Linkedin
Por T13
Urquizar reemplazará de esta manera a Cristián Barra, quien renunció como jefe tras sus críticas al trabajo de las FF.AA.

El gobierno informó este lunes, en materia de seguridad pública en la macrozona sur, la incorporación de dos nuevos miembros que, con labores diferentes, reforzarán la acción en coordinación con otras instituciones.

[LEE TAMBIÉN] Cristián Barra renuncia como jefe de la macrozona sur tras sus críticas al trabajo de las FF.AA.

Primero, se informó la designación de Pablo Urquízar Muñoz como nuevo coordinador nacional de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur.

Anteriormente se desempeñó como jefe de Gabinete del Ministro de Defensa (Alberto Espina), jefe de Gabinete de la Ministra Segegob, y asesor legislativo en el Senado y la Cámara de Diputados. El año 2018 fue reconocido como uno de los 100 Jóvenes Líderes por la Red de Líderes Jóvenes.

Las principales áreas de acción de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur, cuya coordinación nacional asume Pablo Urquízar en reemplazo de Cristián Barra, son la coordinación policial, la persecución penal, el Programa de Apoyo a Víctimas y la gestión de gobierno en la zona, con el objeto de coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública.

En tanto, Loreto Silva Rojas ha sido designada como asesora presidencial. En marzo de 2010 fue designada subsecretaria de Obras Públicas por el presidente Sebastián Piñera. Luego, en noviembre de 2012 y hasta marzo de 2014 se desempeñó como ministra de la misma cartera.

Entre otras funciones, Loreto Silva ha sido consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago y miembro del Women Corporate Directors. Adicionalmente, ha sido destacada en dos oportunidades como una de las 100 Mujeres Líderes por la institución Mujeres Empresarias

Su labor estará enfocada en la asesoría al presidente de la República en temas jurídicos asociados a la planificación, medidas y acciones necesarias para asegurar un trabajo coordinado y eficiente entre los diversos organismos competentes, a fin de enfrentar los hechos de violencia que afectan actualmente a la macrozona sur y sus habitantes. En particular, reforzará la estrategia para abordar los procesos judiciales en que el Estado sea parte.