La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que oficia como secretaría del Comité de Ministros, resolvió rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa Anglo American, en el que pedía excluir siete reclamaciones ciudadanas presentadas por comunidades y organizaciones ambientales.
La acción de la minera argumentaba que dado que la Resolución de Calificación Ambiental ya fue rechazada, quienes interpusieron las reclamaciones no tendrían legitimidad activa.
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Vecinos, vecinas y organizaciones, que consideran el proyecto Los Bronces Integrado como una amenaza para el medio ambiente y la vida de las personas, en sus reclamaciones, argumentaron que, pese al rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros, esta evaluación fue deficiente dado que solo consideró el componente aire, dejando de lado otras observaciones que el titular no logra descartar, como son el daño a glaciares; la falta de información que caracterice adecuadamente los vientos y por ende la contaminación que se producirá por material particulado y black carbon; tampoco se consideran adecuadamente los impactos en el santuario de la naturaleza Yerba Loca; el riesgo para la salud de las personas por contaminación del aire y por desabastecimiento hídrico que afectaría a las comunidades y a los habitantes de la región Metropolitana.
“Las comunidades deben ser escuchadas, el derecho a participación es imprescindible particularmente en proyectos como el de Los Bronces Integrado que destruye glaciares y pone en riesgo la vida. Este rechazo por parte del SEA es una señal importante: no cualquier forma es válida. Las voces de los territorios son esenciales para construir buenos vivires respetuosos de las personas y de la naturaleza de la que somos parte”, dijo Victoria Uranga, presidenta de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho e integrante del Movimiento No+ Anglo.
La resolución emanada por la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, hace un importante alcance en la implementación del Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que busca la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en materia ambiental y que aprobado por el congreso el pasado 31 de mayo, entró en vigencia en nuestro país el 11 de septiembre.
El organismo establece que la norma debe ser interpretada a la luz de la justicia ambiental y el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Centrando sus consideraciones en los artículos 4 y 7, este último señala: “Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.
