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Gobernación y pueblos originarios: ¿Quiénes frenaron la licitación del litio ante tribunales?

Agencia Uno
Por Francisco Valenzuela | Héctor Basoalto
La Corte de Copiapó acogió a trámite dos recursos que planteaban una afectación de la igualdad ante la ley y una vulneración del Convenio 169 de la OIT.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite dos recursos de protección presentados por la licitación del litio dada a conocer por el gobierno el pasado miércoles.

En dicho proceso, las empresas BYD Chile SpA Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, -que presentaron ofertas por 61 y 60 millones de dólares respectivamente- se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico comercializable.

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El anuncio provocó una serie de reacciones en la oposición, desde donde anunciaron que presentarían acciones políticas, administrativas y judiciales para frenar el proceso.

¿Quiénes fueron los que presentaron los recursos ante el tribunal de alzada? En T13.cl te lo contamos.

Gobernación

Uno de los recursos fue presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, el que ingresó el pasado 10 de enero al tribunal.

En la acción, Vargas plantea que "la adjudicación de la licitación debe suspenderse, para dar paso a un nuevo proceso que permita la participación real de la comunidad atacameña con miras a la protección de la igualdad ante la ley, la protección del medio ambiente y el desarrollo turístico y libertad económica de nuestra región".

Por este motivo, el documento plantea que hubo una afectación a derechos fundamentales, entre los que se encuentra la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. También sostiene que el desarrollo de la actividad minera podría afectar el turismo en la región.

Comunidad Colla Pai Ote

El segundo recurso fue presentado el 12 de enero por un grupo de integrantes de diversos Pueblos Originarios, entre los que se encuentran Ariel León Bacián, de los pueblos Aymará-Quechua; Nancy Piñones, del pueblo Aymará; Verónica Henríquez, del pueblo Mapuche; Esteban Araya, del pueblo Likan Antai o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo Rapa Nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena Colla Pai Ote.

Dicha acción legal fue presentada "en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión".

El documento plantea que "esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá) , u otros".

Junto con plantear que la decisión afecta el derecho de igualdad ante la ley -tal como en el recurso del gobernador Vargas- también sostienen que se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Aducen a la vulneración del Convenio 169 "por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio".