Política

Cámara de Diputados aprueba idea de legislar proyecto que protege tierras indígenas

Agencia Uno
Por T13
La normativa establece la imprescriptibilidad de acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas de las primeras naciones.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas.

Con 63 votos a favor, 35 en contra y 13 abstenciones, la sala aprobó la iniciativa que busca reforzar la acción de nulidad absoluta en la ley indígena, dándole el carácter imprescriptible a la acción de anular dichos actos y contratos, no limitándolas al plazo general de diez años.

De acuerdo al proyecto, la nulidad absoluta la puede solicitar cualquier persona indígena, fundada en el interés público inscrito en la protección de estas tierras. Además, se entenderá que tiene un interés actual la comunidad indígena cuyas tierras se vean afectadas por el acto que se pretende anular.

Desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se entenderá que la comunidad indígena cuyas tierras son afectadas por dicho acto o contrato tiene un interés actual comprometido.

Entre los fundamentos del proyecto, que fue impulsado por las diputadas del Partido Socialista (PS) Emilia Nuyado y Jenny Álvarez, se citan hechos históricos sobre "las tierras usurpadas por el Estado y las que fueron arrebatadas en forma inescrupulosa por algunos particulares y sobre la protección de ellas".

En la normativa se establece, entre otras cosas, que las tierras indígenas por su interés nacional gozarán de protección, no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas, salvo entre comunidades o por personas indígenas de una misma etnia.

Además, la moción se funda en los instrumentos internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas vigentes en Chile, en la propia la Ley Indígena N° 19.253, de 1993, y en los compromisos adquiridos por el Estado, sus instituciones y representantes desde 1989 a la fecha.